Este martes, 25 de junio, el presidente Gustavo Petro aseguró en su red social de X que “grupos nazis” y a la “extrema derecha”, son culpables de construir las supuestas interceptaciones ilegales a los magistrados.
“El gobierno nacional no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la república”, trinó el Presidente.
Este hecho se conoció luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció que fue víctima de supuestas interceptaciones ilegales, por lo que le entregó una carta denunciando el hecho al fiscal general.
“Si al magistrado Ibáñez le ha llegado WhatsApp con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno sino del gobierno con las otras ramas del estado. Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”, indicó el presidente por medio de sus redes sociales.
Más sobre las chuzadas
Fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar quien inicialmente denunció la situación, alegando que tanto él como su esposa han sido víctimas de persecuciones por parte de organismos de inteligencia estatal, que incluyen interceptaciones de comunicaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.
En una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, Ibáñez expresó su preocupación sobre la intervención de sus comunicaciones y los seguimientos a su esposa por funcionarios adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República.
Ibáñez agregó que también habrían sido ‘chuzados’ los magistrados auxiliares que trabajan en su despacho. “Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.
La respuesta de las Altas Cortes no se hizo esperar. Los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia rechazaron en un comunicado conjunto las presuntas ‘chuzadas’, afirmando que estos hechos representan una grave amenaza a la independencia de la Rama Judicial y una afrenta a la democracia en Colombia.
”Demandamos del Gobierno Nacional las garantías para el cumplimiento de nuestra labor”, señalaron los presidentes de las Altas Cortes, quienes pidieron a la Fiscalía General de la Nación “adelantar con celeridad las investigaciones pertinentes para esclarecer” la situación.