En un comunicado que se conoció este miércoles, pero que tiene fecha del 21 de mayo, el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc, reconoció haber asesinado a los niños indígenas en Putumayo, pertenecientes a la comunidad Murui que habían sido reclutados por ese grupo y que generó que el Gobierno Nacional suspendiera el cese al fuego con esa guerrilla.
“Frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes (No fueron cuatro) que fueron ajusticiados”, dice el comunicado del Estado Mayor Central, en el que señalan que los niños tenían la edad que “exige el derecho internacional humanitario para su reclutamiento”.
Además, recalcan que ese reclutamiento se hizo de “manera voluntaria”, pero se comprometen a reparar a la comunidad luego del asesinato de los menores: “Asumiremos nuestra responsabilidad, reconociendo los errores cometidos y asumiendo compromisos claros para la reparación con las comunidades”. Y delegarán una comisión de paz, “toda vez que no existe el mecanismo de verificación local”, para la atención de los pueblos indígenas del Amazonas.
Y continuó la guerrilla: “Hay un férreo compromiso de lucha por la paz”.
Tras conocerse el crimen contra los menores en Putumayo, las autoridades desarrollaron un consejo de seguridad durante el fin de semana para determinar y tomar medidas al respecto, a la que asistieron varios miembros del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la Gobernación del Caquetá.
Entre las conclusiones de la reunión se destacó la realización de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y se determinó que se realizarán planes de inversión en medio del reconocimiento que hace el Gobierno al reclutamiento infantil en la zona, y el fortalecimiento de las guardias indígenas.
En ese sentido, la viceministra del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos, Lilia Solano, mencionó: “Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesitan, el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto”.
También, Solano reconoció que estas comunidades han sido abandonadas por parte del Estado durante muchos años, pero recalcó que existirá una respuesta articulada por parte del actual Gobierno entre varias entidades para responder por este flagelo del reclutamiento infantil.
“Se necesita que estos territorios y estas comunidades que han sido abandonadas a lo largo de la historia, en este momento sean justamente levantadas, que haya inversión, que haya esa presencia integral del estado. No va a haber uno o una sola respondiendo desarticuladamente, sino este trabajo conjunto que además está acompañado por las decisiones del presidente, serán articuladas”, agregó la viceministra.
De su lado, Adriana Velázquez, subdirectora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, informó que va a haber una mesa técnica entre los departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazona y Cauca para “vamos a abordar todas las estrategias de prevención de reclutamiento para este territorio, pero sobre todo vamos a afianzar la presencia social del estado para este municipio fortaleciendo acciones de prevención”.
A su vez, la directora de esa entidad, Astrid Cáceres, se pronunció sobre el asesinato de los niños indígenas y expresó: “Los actores armados actuaron con sevicia con los cuatro niños. Nosotros tenemos información de la manera en la que ocurrió el hecho en Putumayo y también de la acción de la comunidad muestra cómo los actores armados actuaron con sevicia”.
De otro lado, es importante mencionar que luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la suspensión del cese de hostilidades con el Estado Mayor Central, esa guerrilla respondió en un comunicado que, con esa decisión, se “desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.