El canciller Álvaro Leyva interpuso una tutela contra la Procuraduría y busca tumbar su suspensión

Ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, Yefferson Dueñas Gómez, el abogado del canciller Álvaro Leyva, presentó una acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación con el fin de tumbar la suspensión de tres meses impuesta por el Ministerio Público al funcionario.

Según el diario El Tiempo, la defensa del Canciller, hoy suspendido, argumenta que la decisión emitida por Procuraduría “no se adecúa a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional”.

“Por la manera como ha sido diseñada y como se ejerce en la práctica, se convierte en la “cuota inicial” de un fallo sancionatorio a un ritmo acelerado. Porque si llegare a absolverse al disciplinado, habrá quedado en evidencia un actuar prematuro e injustificado de la administración, que al interior de una misma entidad, con estructura jerarquizada, difícilmente puede ser aceptada”, se expone en la tutela.

Además, el abogado de Leyva asevera que el proceso no conlleva, de ninguna manera, a una suspensión de su cargo.

“De este modo se evidencia que la investigación disciplinaria seguida contra el doctor Álvaro Leyva está basada únicamente en discrepancias sobre la legalidad de los actos administrativos que él expidió, que de ninguna manera conllevan la comisión de una falta disciplinaria y mucho menos es un fundamento válido para suspenderlo de su cargo, máxime cuando ningún juez de la República ha declarado su ilegalidad”, dice el documento.

Además, expusieron que la Procuraduría no es el ente encargado de investigar al Ministro, si se refiere a decisiones tomadas en su cargo.

“Si bien la Procuraduría General tiene competencia para investigar al Ministro de Relaciones Exteriores, lo hace respecto de su conducta, pero no sobre la presunción legal que revisten las decisiones que en ejercicio de sus funciones profiera”, puntualiza la acción.

Por último, se cuestiona la “imparcialidad” en la toma de la decisión de suspender al funcionario por tres meses.

“Este tipo de actos materializa la falta de transparencia e imparcialidad dentro de estos procesos, máxime cuando lo que se debate es una decisión que no contiene elementos objetivos, por lo que se ponen en riesgo las garantías esenciales que deben revestir a todos los procesos judiciales y administrativos”, finaliza el documento.