“El ELN sigue cometiendo delitos y el Gobierno sigue cediendo en diferentes puntos, eso deja claro quién tiene más control en la mesa de negociación. Marca un precedente en que, por la necesidad y el deseo de cumplir con un proceso de paz, el Ejecutivo termina siendo permisivo a tal punto que le da control al otro actor sin exigirle”.
Con esas palabras, la politóloga María Alejandra Arboleda se refirió a la polémica suscitada tras la firma del decreto en el que el presidente Gustavo Petro oficializó el cese al fuego bilateral con el ELN en medio de la consternación de los colombianos por el secuestro de una sargento del Ejército y sus dos hijos menores de edad, atribuido por esa guerrilla.
El acuerdo, que empezará a regir a partir del próximo 3 agosto hasta el 29 de enero de 2023, fue aprobado el pasado miércoles por el Mandatario y podrá ser prorrogado, con la previa valoración de la mesa de negociación, conforme lo acuerden las partes.
Para Arboleda, “firmar un cese al fuego sin tener repercusiones frente a las acciones violentas de ese grupo armado, no está enviando un buen mensaje a los colombianos y a la opinión pública, porque deja en entredicho la disposición de paz del ELN”.
Menciona que, “los colombianos se sienten solos cuando se levantan con noticias tan complejas” como el secuestro de la uniformada Ghislaine Ramírez y sus dos hijos de 8 y 6 años, uno de ellos con autismo. “Enviar este mensaje con la firma del decreto, lo que hace es debilitar la legitimidad que puede tener el proceso de paz”.
Asimismo, el consultor político Álvaro Benedetti señala que “la negociación se da un poco en el marco de qué tanto el Estado puede ceder sus pretensiones de justicia de cara a que esa guerrilla deje las armas. Gustavo Petro está firme con su propósito desmovilizar al ELN y no va a desfallecer en el intento”.
De hecho, desde diferentes sectores del país se le fueron ‘lanza en ristre’ al Jefe de Estado, por su silencio ante el asesinato de tres Policías en el Norte de Santander y el ataque de la sargento.
“Infame. Ante la arremetida criminal del ELN, Petro responde con decreto que ordena suspender operaciones militares contra los integrantes del ELN que participen del proceso de paz y ordena cese de operaciones formal”, dijo la senadora del Centro Democrático Paola Holguín desde su cuenta de Twitter.
A su vez, el presidente del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, observó: “Esos genocidas podrán secuestrar, extorsionar, reclutar menores y continuar con plan pistola contra nuestros policías, asesinar civiles, atentar contra empresas, hacer lo que les venga en gana con la anuencia del desgobierno de Petro y la cuadrilla del Pacto Histórico”.
Ante ese panorama de desolación, la politóloga Arboleda asegura que “el Presidente no está respondiendo al sentir de los colombianos y a lo que se esperaría en un momento de crisis, en el que se esperaría que Petro tome decisiones contundentes frente a la violencia que está viviendo el país”.
“No es muy claro el mensaje que envía frente a cuál será la respuesta para que las personas que en este momento sienten miedo, que están viviendo bajo la violencia, vean que realmente cuentan con un líder que está tomando decisiones contundentes para frenar ese flagelo”, añade.
Sin embargo, Benedetti menciona que “en Colombia se negocia en medio del conflicto, así lo hizo Juan Manuel Santos, en su momento Belisario Betancurt y también Virgilio Barco. Dialogar en medio de la violencia es una condición que hay que aceptar para sentar en la mesa a un actor ilegal”.
Explica que “esos son desafortunadamente los sapos que hay que tragarse, porque, por desgracia, el Estado colombiano no tiene la posibilidad de someterlos militarmente, por todo lo que ha significado el conflicto, como la complejidad de los territorios y las acciones terroristas impredecibles”.