Siete días pasaron desde que la defensa de Nicolás Petro presentó la recusación para que no fuera el fiscal Barbosa ni ninguno de sus fiscales delegados, los encargados de llevar el caso por el que se le acusa de haber hecho manejo indebido del dinero en campañas políticas.
La Fiscalía emitió un comunicado en el que informa que no acepta, por “improcedente”, la recusación presentada por Nicolás Petro dentro de la investigación penal que hay en su contra y que fue abierta a solicitud del presidente de la República.
En dicha respuesta, el fiscal estableció tres puntos como fundamentos de la decisión:
- Las causales de la recusación reducen el caso a circunstancias limitadas y atentan contra el servidor a cargo del proceso. El documento detalla que “el fiscal general de la Nación no es el fiscal a cargo de la indagación que se cursa contra el señor Petro Burgos”.
- Los fiscales encargados tienen el respaldo de la Constitución que garantiza su autonomía en la toma de decisiones.
- “Los impedimentos no son institucionales”, sino de funcionarios judiciales concretos, quienes en sus determinaciones solo están sometidos al imperio de la ley.
Recusación de Petro
Los abogados defensores de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, le enviaron una carta al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en la que recusan al jefe del ente investigador y a los otros fiscales asignados al caso que se le sigue al actual diputado por posible lavado de activos, luego de que su exesposa denunciara supuestos manejos indebidos de dineros que pretendían llegar a la campaña de su papá.
Después de la discusión que se generó entre el presidente Petro y el fiscal general, luego de que el mandatario afirmara que él era el jefe de Barbosa, los abogados de Nicolás Petro emitieron un documento en el que solicitaban que esa situación no afectara el proceso de su defendido.
En la carta pública, manifestaron que veían con preocupación la discusión entre los dos altos funcionarios, a tal punto que, de escalar al plano personal, se afectara a su defendido e incluso aseguraron que ya hay indicios de lo que puede pasar, debido a las declaraciones hechas por el fiscal Barbosa en medio de un debate.
“Consideramos que el fiscal general no ha debido mencionar a Nicolás Petro en su discusión personal con el presidente de la República, porque induce a considerar que la investigación contra nuestro representado puede afectarse por un sesgo personal y político”, se lee en el comunicado.
Por esa razón, los defensores de Petro enviaron una carta solicitándoles al fiscal general y a Luis Fernando Merchán (fiscal 13 especializado en Lavado de Activos de Bogotá) y a cualquier otro subalterno de Barbosa que esté al tanto de ese caso, que se “declaren impedidos para continuar con el conocimiento del proceso en el que se investiga al hijo del presidente, y que él mismo se pase a un fiscal ‘ad hoc’”.
Los abogados se basan en que el fiscal general no tiene elementos de valoración objetiva suficientes para continuar con el caso, que permitieran sostener que no existe ningún tema de juicio moral que afecte la sentencia a dictar. “La enemistad no solo es grave (el fiscal Barbosa envió a su familia al exterior por razones de seguridad), sino que además ya parece una vendetta familiar”, afirmaron los abogados.
Otro punto que mencionan los juristas es que el sentimiento de oposición contra el presidente Petro afecta el juicio, imparcialidad y objetividad del fiscal Barbosa y sus fiscales delegados contra el actual disputado por el Atlántico, puesto que, además, ha llevado la confrontación al plano familiar.