Hace un par de semanas trascendió a medios de comunicación la posibilidad de que se creara un fondo multidonante para aportar una renta básica a miembros del ELN, con el fin de que se detuvieran las actividades ilícitas que financian a este grupo armado.
Las donaciones provendrían del extranjero, por lo que surgió también la duda de qué países estarían dispuestos a contribuir. De hecho, Estados Unidos fue el primero en negarse, argumentando que no tiene planes de unirse a las conversaciones, pero sí las monitoreará.
El contexto ya era tenso, pues recién había concluido el tercer ciclo de diálogos en La Habana y el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán expresó que sus operaciones de financiación continuarán pese a que se acordó el cese al fuego. Cuando se le preguntó por los secuestros, señaló que prefieren llamarlos ‘retenciones’ y que “si no son necesarias, no se harán”.
El 16 de junio la oficina del alto comisionado de Paz publicó un comunicado en el que afirmaba que “ese tema (el del fondo) no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz”.
Sin embargo, el ELN se sostiene en lo contrario. “El tema del financiamiento de la fuerza combatiente en un cese el fuego se ha colocado en la Mesa de Diálogos y la Comunidad Internacional lo sabe, por tanto, hemos cumplido con nuestras responsabilidades”, afirman.
Aunque no precisan qué es lo que se ha hablado, queda claro que hay muchas cuestiones todavía pendientes de un consenso y sí se puede hacer un análisis desde afuera de las contradicciones que han quedado en evidencia.
Juan David Cárdenas, especialista en Opinión Pública y magíster en Estudios Políticos, afirma que estas “pueden obedecer a las diferentes expectativas que tienen el ELN, el Gobierno y la opinión pública en torno a lo que se viene acordando y los efectos de estos acuerdos”.
Según explica, las negociaciones con este grupo en particular han sido “históricamente más complejas”, pues no se ha llegado a acuerdos sustanciales: “De parte del ELN es claro el mensaje de que lo que se está hablando y acordando hasta ahora es meramente procedimental. El Gobierno quiere enmarcar esos acuerdos como el inicio de algo más sustantivo, mientras que gran parte de la opinión pública espera de este tipo de procesos más una especie de rendición y desmovilización con una posterior reincorporación silenciosa a la vida civil”.
Pero en este último punto es en el que discrepa la organización. De hecho, han criticado que desde algunos sectores se les quiera “asfixiar económicamente” y defienden su derecho a la rebelión.
¿Cuál es el camino entonces?
El experto consultado recalca que, teniendo en cuenta que el ELN no muestra deseos de dejar de existir, propuestas como la de financiar sus actividades a cambio del cese al fuego resultan muy complejas en términos de legalidad y legitimidad.
“Se necesitaría de un fuerte respaldo de la comunidad internacional”, apunta. De este modo se podría “blindar la iniciativa en términos políticos”.
Ahora, también es necesario el apoyo en términos económicos, los cuales explica como recursos de cooperación, “para que no quede la sensación de que es el Estado colombiano el que está sosteniendo al ELN. Eso no sería bien visto por la opinión pública”.
Entretanto, el Gobierno insiste en su proyecto de la paz total y, de hecho, el presidente Gustavo Petro afirmó que esta se alcanzaría para 2025.
Bajo esta premisa, la Corte Constitucional estudiará una ponencia que busca tumbar la Ley de paz total del presidente de la República, Gustavo Petro. De hecho, el texto de ponencia dice que hubo vicios de trámite en el Congreso de la República, como no buscar concepto del Consejo de Política Criminal.
*Con información de Colprensa.