En medio de un clima político polarizado y un país dividido por visiones e intereses, se desarrolló la llamada Marcha de la Mayoría, una manifestación multitudinaria que tuvo lugar en diversas ciudades colombianas y que congregó a ciudadanos preocupados por el rumbo que está tomando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta movilización, convocada por la oposición, refleja la creciente inquietud en torno a las políticas implementadas por el Ejecutivo y los escándalos que han marcado su primer año de gestión.
El presidente Petro, a través de su cuenta de Twitter, abordó la marcha y si bien aseguró que no interferiría con el derecho de protesta, expresó su preferencia por una manifestación orientada hacia la lucha contra la corrupción.
En sus palabras, “Nadie les impedirá marchar. Pero yo marcharía no para impedir el cambio sino contra la corrupción y la impunidad”. Esta opinión no pasó desapercibida y generó respuestas tanto a favor como en contra en un contexto en que el diálogo y la coexistencia de posturas son fundamentales.
En consonancia con la posición del presidente, la vicepresidenta Francia Márquez, desde el Palacio de Nariño, también se pronunció en favor del derecho a la movilización y destacó la apertura del Gobierno para el diálogo constructivo.
“Yo creo que la gente tiene el derecho a protestar y bueno, creo que respetamos eso, estamos en disposición de escuchar, pero también en la disposición de construir y avanzar”, afirmó Márquez, resaltando la importancia de un espacio de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía.
No obstante, es relevante recordar que el propio presidente Petro ha expresado su intención de convocar movilizaciones en contra de la corrupción, particularmente focalizadas en el caso Odebrecht.
Esto quedó patente en su reciente encuentro con las centrales obreras, donde mencionó la idea de una “gran marcha contra la corrupción y la impunidad en Odebrecht/Aval”, señalando su interés en combatir uno de los flagelos que históricamente ha afectado a la sociedad colombiana.
El senador Miguel Uribe Turbay, del Partido Centro Democrático, destacó que las marchas no son exclusivas de su partido, sino que representan una plataforma para que ciudadanos de distintas corrientes manifiesten su descontento con el rumbo del país. Uribe afirmó que estas movilizaciones reflejan un esfuerzo por empoderar al ciudadano, en un contexto donde se busca una mayor participación y voz en la esfera política.
La Marcha de la Mayoría representa un testimonio palpable de la pluralidad de opiniones y visiones en la sociedad colombiana. A medida que los ciudadanos ejercen su derecho a manifestarse y a expresar sus preocupaciones, el desafío radica en construir puentes de comunicación y entendimiento que permitan el avance hacia soluciones constructivas y consensuadas, en un momento en que la diversidad de perspectivas es un factor que define la complejidad política de Colombia.
El nuevo proyecto de ley que radicó María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal, en representación del Centro Democrático, presentó una propuesta legislativa que busca modificar la normativa para prohibir las huelgas o paros en los servicios públicos esenciales, con el objetivo de preservar la calidad educativa y evitar que los niños se vean perjudicados.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de los congresistas Paloma Valencia, Christian Garcés y Hernán Cadavid, quienes también buscan proteger el derecho a la educación de los niños, asegurando que se lleve a cabo de manera ininterrumpida.
“El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 430 establece que hay servicios en donde no debería haber huelga. No queremos que se siga permitiendo que haya marchas, activismo y protestas sacrificando la educación de los niños”, comentó la senadora.