Al Consejo de Estado llegó la primera demanda en contra de la elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación, tres días después de esta decisión.
Con una decisión de 18 votos a favor de Camargo, de un total de 23 magistrados, en la sala extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia se eligió a Camargo, luego de varios días de votaciones.
Sin embargo, al alto tribunal ya llegó una demanda instaurada por Jhon William Castro y Sthefanny Feney Gallo, recurso en el que aseguran que en la decisión final se presentaron varias violaciones de la Constitución.
Según la demanda, la Corte Suprema transgredió el artículo 249 de la Constitución, que estipula que el Fiscal General de la Nación es electo por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente de la República.
Por esa razón, piden al Consejo de Estado “declarar la nulidad de la elección por violación de las normas constitucionales y de la ley, en el nombramiento de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón″.
Los demandantes también advierten que “la terna estaba desintegrada”, luego de la renuncia que presentó ese mismo día Amelia Pérez. La dimisión, según ellos, se debía estudiar antes de realizar la elección por parte de los magistrados.
A esto se suma el argumento de que se incurrió en discriminación por parte del presidente Gustavo Petro, quien solamente ternó a mujeres para la elección del cargo “sin tener en cuenta el género, violentando el derecho a la igualdad de hombres y mujeres”.
En los próximos días la acción judicial entrará a reparto ante los magistrados del Consejo de Estado, quienes tendrán que analizar si entra a estudio y si se puede aceptar la medida cautelar para suspender la elección de Luz Adriana Camargo.
Cabe recordar que el pasado 12 de marzo, durante la contienda, hubo posiciones encontradas entre al menos dos bloques de magistrados: quienes consideraban que no se podía votar con dos candidatas y quienes opinaban que todo debía seguir con normalidad.
Desde algunos sectores se anticipaba que el resultado final podría ser un argumento para una potencial demanda de la elección ante el Consejo de Estado, que ha anulado en el pasado, por ejemplo, la escogencia de Viviane Morales.
Sin embargo, el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra, concluyó que la elección tiene seguridad jurídica y está blindada. También había manifestado que no podía hacer cálculos sobre respuestas a alguna futura acción de nulidad, pues se trata de un mecanismo público que cualquier ciudadano podría instaurar.
*Con información de Colprensa.