La sede del Congreso de Ecuador amaneció bajo un intenso resguardo militar, mientras que el palacio de Gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados. Esto, luego del anuncio del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada “muerte cruzada”, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
“Las fuerzas armadas y la policía nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución”, expresó el general Nelson Proaño, jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas ecuatorianas, en un video difundido por el Ministerio de Defensa.
En junio pasado el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder. En su alocución, Lasso expresó que decidió disolver la Asamblea Nacional “para dar una salida constitucional al Ecuador”, un país que durante años tuvo fama de ingobernable.
“Esto no es fiscalización, es una obstrucción que ha generado una grave crisis y conmoción interna”, señaló Lasso, quien sostiene que el juicio en su contra es “contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo”.
El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar este miércoles antes de un llamado a la votación sobre la destitución, pero Lasso se anticipó y decretó la “muerte cruzada”.
El anuncio de Guillermo Lasso
Luego de la primera jornada del juicio político en el que se decidiría la remoción de su cargo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles 17 de mayo la “muerte cruzada”, mecanismo con el que tiene la potestad de disolver el Congreso.
El mandatario, que enfrenta un juicio político por un presunto peculado, ordenó “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, señala el documento difundido por la Presidencia.
En un país sumido en la violencia ligada al narcotráfico y el descontento popular por el costo de vida, Lasso pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones generales anticipadas.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años.
“Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, expresó Lasso en cadena nacional.
Durante el juicio político que se inició el martes, el impopular mandatario proclamó su “total, evidente e incuestionable” inocencia ante el Congreso, en el que la mayoría opositora de izquierda pretende destituirlo por presunta corrupción.
Tras doce horas, la sesión fue suspendida por el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. Aunque se suponía que la discusión sería reanudada hacia las 9:30 de la mañana de este miércoles, la decisión de Lasso da un vuelco al futuro del juicio en su contra.
“No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”, se defendió el mandatario en una intervención de una hora en el hemiciclo de Quito, capital ecuatoriana.
Justo después de defenderse y sin esperar el turno para la contrarréplica, el jefe de Estado se retiró del Parlamento, que abrió el debate entre sus miembros.
Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional instaló el juicio político contra el mandatario, en el que los congresistas presentaron argumentos en su contra.
Entre 1997 y 2005 tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados en medio de revueltas populares.