En entrevista con la revista Semana, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales habla sobre su condena de 35 años de prisión por tortura, ejecución y desaparición forzada, tras la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985, sobre la que reflexionó en torno a lo ocurrido ese día.
En el pasado, el militar aseguró en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, frente a los familiares de las víctimas de ese holocausto que él también hacía parte de las víctimas, declaraciones que generaron que desde muchos sectores se le fueran ‘lanza en ristre’.
“Sigo convencido de que las víctimas no son solo las personas que, desafortunadamente, fallecieron allí. Fuimos todos. El país fue y es una víctima de ese holocausto, el Poder Judicial y las Fuerzas Militares. Nunca se ha reconocido que la fuerza pública, en esas circunstancias, perdió a 11 de sus integrantes que fallecieron y que hubo más de 30 uniformados heridos que quedaron con secuelas. Entonces, fue una tragedia para todo el país y, por lo tanto, como colombianos, nos tenemos que sentir víctimas”, dice el general retirado a ese medio de comunicación.
Respecto a la toma del Palacio de Justicia, Arias dice que es claro que el M-19 planeó muy bien esa operación y aseguró que ese grupo armado ilegal tuvo el apoyo económico del narcotráfico, específicamente, de Pablo Escobar.
“Eso está comprobado. Hubo reuniones previas con dos de los directivos importantes del M-19 que iban a tener participación para recibir apoyo económico. Uno de los propósitos era impedir la extradición de los narcotraficantes hacia Estados Unidos”, le indica a Semana.
Además, refiriéndose a su condena, comenta: “Siento que el cumplimiento del deber me trajo a estas circunstancias. En mi conciencia, estoy convencido de que nunca cometí infracción alguna, nunca emití una orden ilegal. En las situaciones que se presentaron en la recuperación del Palacio de Justicia, lo único que hizo la Fuerza Pública, y específicamente la Brigada 13, de la cual era el comandante, fue rescatar a los secuestrados”, dijo el general (r) a ese medio de comunicación.
Aunque Arias Cabrales reitera que es inocente y tiene su conciencia tranquila, aún prevalece la condena en su contra a los 86 años, emitida por la Corte Suprema de Justicia. Él justifica que los cuerpos que quedaron calcinados tras el incendio no pudieron ser identificados debido a que en ese momento no se tenía la tecnología para hacer las pruebas que permitieran definir quiénes eran.
Arias le señala a la revista que “desafortunadamente, por el incendio y por toda esa tragedia tan intensa, fue imposible que Medicina Legal identificara todos los cadáveres calcinados. Fue imposible establecer su identidad verdadera, y la ausencia de medios científicos, como la prueba de ADN, terminó dando como resultado que hubo desaparecidos, cuando en realidad no fue esa la circunstancia”.
Y continúa: “Un tribunal especial de instrucción creado por el presidente de la república, el mismo 13 de noviembre de 1985, en sus conclusiones, manifestó que no hubo desaparecidos, sino cadáveres que nunca pudieron ser identificados”, agregó.
Asimismo, el general (r) Arias Cabrales habla sobre lo que para él es la prueba de que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia: “a lo largo de las investigaciones posteriores, vinieron apareciendo las personas que se daban por desaparecidas. Primero, en una fosa común y, posteriormente, en lugares como Barranquilla o Manizales”.
“Soy inocente, fui quien terminó como chivo expiatorio de estas circunstancias. Pero a través de las investigaciones posteriores se ha venido esclareciendo que de las 13 personas que inicialmente se mencionaban como desaparecidas han venido apareciendo, lo cual está confirmando un fallo que me fue favorable en la justicia penal militar. Se dice que no había ninguna responsabilidad de mi parte ni de las otras personas de la Brigada 13 que hacían parte del grupo de inteligencia”, menciona en diálogo con Semana.