Por Sofía López / El País
“Si le vamos a consultar algo a la ciudadanía, siendo este un proceso bastante complejo que requiere la movilización de recursos y de toda una burocracia electoral, sería mejor hacerlo en una etapa madura del proceso de negociación, donde ya haya un acuerdo tácito entre las partes”.
Así analiza el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, la propuesta del fiscal general, Francisco Barbosa, de realizar un plebiscito para conocer si los colombianos están de acuerdo o no con un proceso de paz con las diferentes estructuras delincuenciales que operan en el país.
Desde la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, FND, el funcionario también dijo que el último había sido un año duro porque el Gobierno “ha buscado beneficiar mafiosos” y “no se ha puesto la camiseta de la institucionalidad, sino la de La Picota y La Modelo”.
A su vez, la politóloga Nury Gómez señala que esa propuesta “está fuera de las competencias del Fiscal, ya que solo el Primer Mandatario puede convocar un plebiscito con la firma de todos sus ministros. Este gesto evidencia la pobre y errónea gestión actual para la paz, la intención de usurpar funciones presidenciales y una estrategia para incentivar una consulta popular a través de ciudadanos organizados”.
Según ella, con la iniciativa de Barbosa “no se resuelve ningún asunto ni se destraban los diálogos”.
Y Charry explica que “así como (el presidente Petro) está habilitado constitucionalmente como máximo jefe de las Fuerzas Armadas para ‘hacer la guerra’, su función, entre otras, también es la de guardar el orden público y asimismo buscar las salidas políticas a los conflictos”.
Según contó el jefe del ente acusador en su intervención ante los gobernadores entrantes y salientes, “la Fiscalía ha suspendido órdenes de captura de integrantes de grupos con los que el Ejecutivo busca la paz”. No obstante, “nuestra creencia, aunque se enmarca en la búsqueda de paz, no se proyecta en la paz criminal que está rondando en todos los territorios”.
De su lado, Charry indica que “para el bien del país es mejor evaluar los resultados de un proceso de paz con unas disposiciones, como ocurrió con el Acuerdo de las Farc en 2016, en el que la ciudadanía aprobó un borrador de acuerdos, el cual tuvo que ser mejorado, incluyendo las objeciones que tenía la oposición, para llegar a unas determinaciones finales”.
¿Está haciendo campaña?
“A la propuesta del Fiscal General le falta contenido y parece más de carácter retórico, con miras a una posible candidatura presidencial”.
En esa opinión coinciden los analistas consultados, quienes comentan que el discurso que entregó Barbosa el pasado miércoles es un acto político de presión al Presidente y de anticipo de la contienda electoral del 2026.
“Los colombianos recordarán cuando pedimos que no desapareciera el tipo penal ni la licencia alimentaria para el delito de incesto, que hubiera provocado una catástrofe, no nos plegamos cuando se presentó un proyecto de ley de legalización de la cadena productiva del narcotráfico, ni cuando se intentó beneficiar a mafiosos con el 10 % del patrimonio sin destinar recursos para las víctimas”, aseguró el Fiscal General ante los gobernadores.
Por ello, y refiriéndose a la propuesta del Primer Mandatario de hacer un referendo para la construcción del Metro de Bogotá, señaló: “Ya que está de moda hablar de plebiscitos sobre contratos en ejecución que no proceden, deberíamos hacer uno donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el ELN o con todo tipo de grupos delincuenciales”.
No obstante, Astrid Gómez asegura que ese es “un intento de adelantar campaña, del mismo modo que se hizo con el estallido social. Es decir, desde una comunicación política, se crea un imaginario de país que requiere a alguien como el Fiscal como presidente”.