Una nueva polémica surge desde la Casa de Nariño, esta vez por el borrador de un decreto de la Presidencia de la República, en el que se revelaron detalles del controversial programa ‘Jóvenes en Paz’, que tiene como propósito sacar a las poblaciones jóvenes de la delincuencia y que tengan cercanía con dinámicas ilegales.
De esta manera, en dicho decreto se establece el monto de dinero que se pagará bajo la modalidad de subsidio directo para los jóvenes que salgan de bandas criminales y se comprometan a ingresar a programas de educación, sobre la política de la ‘paz total’ que impulsa el presidente Gustavo Petro.
“El valor de las transferencias monetarias del Programa se liquidará mensualmente y su monto será de hasta un millón de pesos ($1.000.000) por ciclo operativo, con un límite de doce (12) transferencias por beneficiario”, se lee en el borrador.
Así entonces, en el documento también se dieron a conocer los mecanismos de pago de los subsidios, que de acuerdo con el Gobierno nacional se realizaran de manera mensual:
Uno de ellos es el de depósitos en productos bancarios o financieros, que consiste en la realización de transferencias en productos financieros activos mediante entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, seleccionados y contratados por Prosperidad Social para la distribución de los recursos.
Otra de las opciones es a través de giros postales y/o bancarios con entregas directas en efectivo a los jóvenes beneficiaros del Programa. Estos giros también serán vigilados por las autoridades correspondientes y que fueron contratadas por Prosperidad Social para la distribución de los recursos.
Respecto al caso de transferencia para los jóvenes menores de edad, el mecanismo de distribución de los recursos utilizados en cada caso será “aquel que se encuentre registrado en la base de información del Programa para el beneficiario como resultado del proceso adelantado por Prosperidad Social para la selección de la(s) entidad(es) encargada(s) de hacer la entrega de los recursos a los participantes”.
Además, en el borrador también se aclara que no serán elegidos para integrar el programa ‘Jóvenes en Paz’, aquellas personas que tengan órdenes de captura por parte de una autoridad judicial, tener una sanción penal vigente, “que sea incompatible con la participación y cumplimiento de los componentes del programa”.
Igualmente, se destaca que: “Haber cumplido o tener más de 29 años cumplidos al momento de realizar la inscripción al Programa. No ser beneficiario de subsidios atribuidos a título individual por entidades del orden nacional o territorial, ni de los Programas Jóvenes en Acción, Tránsito a Renta Ciudadana y Renta Ciudadana. Que el documento de identificación del joven no esté vigente, de acuerdo con la información entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil o Migración Colombia”.
Francia Márquez rompió su silencio sobre esta polémica
Sobre este escándalo, la vicepresidenta se pronunció al respecto indicando que se trata de una estrategia que tiene como fin prevenir más hechos violentos en el país y en el que no están involucrados. “No, yo creo que esa es una visión equivocada, porque si la juventud tuviera oportunidad en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá (hacia las bandas criminales)”, sostuvo en momento Márquez.
Además, agregó que: “Entonces, esta es una política para prevenir la violencia, para prevenir el asesinato. ¿Cuántos jóvenes perdemos en este país cada fin de semana? Entonces buscamos prevenir la violencia y, sobre todo, que la juventud tenga oportunidad”.
Cabe recordar que hace un tiempo, el presidente Gustavo Petro, desde Buenaventura, anunció un programa con el que buscará alejar a los jóvenes de las bandas criminales para que dejen de cometer delitos y matarse. El mandatario considera que darles dinero sería una salida a esa problemática. “Les vamos a pagar por no matar”, precisó el jefe de Estado.