Las expectativas del Gobierno Nacional entrante en materia económica se centran en las grandes reformas que deberá poner en marcha para mejorar las finanzas del país.
Entre ellas se cuentan la tributaria, la pensional y la de salud, específicamente. La laboral es otra reforma que podría tomar forma en el mediano plazo.

En impuestos

La reforma tributaria que ha anunciado el nuevo Gobierno recaudaría $50 billones anuales. El economista Camilo Diaz, coordinador de la Unidad de análisis del mercado financiero de la Universidad Nacional, opina que“la reforma puede ser viable en el sentido de que si se buscan varias fuentes, donde están erosionados los ingresos de la Nación, se podría llegar a la meta. Aunque hay que tener presente que históricamente en Colombia las reformas tributarias no han superado metas de recaudo superiores a los $13 billones”, dice Diaz.

Los puntos más controvertidos que podrían generar incertidumbre con la reforma, estarían relacionados con un elevado impuesto a la renta sobre las empresas, lo cual desestimularía la inversión.

“Es importante no generar dobles tributaciones, no desmotivar la inversión que genera trabajo de calidad y definir muy bien el direccionamiento de los recursos recaudados que permitan realmente cerrar brechas de pobreza y desigualdad”, señala Clara Inés Pardo, doctora en Economía y profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, sobre la necesidad de analizar los elementos claves de los nuevos tributos.

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con la propuesta del Presidente electo las capas más altas de la sociedad serían las que pagarían mayor impuesto a la renta, es decir, según analistas, personas de ingresos mensuales superiores a los $16 millones. Por ejemplo, hoy en Colombia el 1% de la población gana más de 6 salarios mínimos mensuales, explica.

Ricardo Bonilla, uno de los asesores económicos del electo Presidente, calcula que en Colombia las personas jurídicas aportan el 80% de los impuestos de renta y las personas naturales el 60%. “Eso es una distorsión porque hemos puesto a pagar a las empresas, pero las personas, que son las dueñas de las empresas, no aportan como dueños de las empresas”, explico.

La Anif está de acuerdo con la propuesta, que paguen más quienes tienen la capacidad de hacerlo y señala que, sumado a eso, no solo hay que hacer frente a los beneficios en términos de renta, también hay que simplificar la estructura del IVA y evitar las exenciones.

En las pensiones

El Mandatario electo propone reconocer la pensión como un derecho que asegure una vida digna a todas las personas en edad de jubilación, incluyendo a los adultos mayores que no pudieron cotizar, a quienes han dedicado su vida a los trabajos de cuidados en el hogar y a las personas que trabajan por fuera de un contrato laboral formal. Según argumenta, hoy, tres de cada cuatro personas en edad de pensión no tienen ninguna protección en el sistema actual, es decir, tres millones de adultos se encuentran desprotegidos y sin ingresos suficientes.

Para garantizar una pensión para todos, la propuesta es transitar del modelo actual, que adoptó el país en el año 1994 en el que compiten el sistema público (administrado por Colpensiones) y el sistema privado (administrado por fondos privados), hacia un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público, complementario.

En ese rediseño del sistema, se propone un primer pilar que garantiza un bono pensional de medio salario mínimo a todos los adultos mayores. El segundo requiere que se hagan las cotizaciones obligatorias al régimen público de los trabajadores que perciban ingresos hasta cuatro salarios mínimos.

El tercero se compone del excedente de las cotizaciones después de esos primeros cuatro salarios mínimos, que puede hacerse ya sea a Colpensiones o a un fondo privado.

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Para Anif aunque las transferencias monetarias a los adultos mayores en condición de pobreza van en la dirección correcta, generan preocupación las cotizaciones obligatorias al régimen público.

“Primero, elimina el ahorro para la vejez, puesto que un sistema de reparto utiliza las cotizaciones de los trabajadores para pagar las pensiones de los que hoy están en edad de retiro. Segundo, gran parte del ahorro que se ha acumulado permite financiar a la Nación, pues cerca del 30% de los TES están en manos de los fondos de pensiones y cesantías”, dice Anif.

Sobre el mercado laboral

Entre las propuestas se cuenta una política de empleo garantizado que reconocerá aquellas actividades que el mercado laboral tiende a excluir, como las asociadas a las labores del cuidado y las vocaciones juveniles.
Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado. Así, el Estado actuará como empleador de última instancia.

De acuerdo con el plan del Presidente electo, dice el centro de estudios, se aumentarán gradualmente los aranceles en insumos, bienes y servicios que afecten el valor agregado nacional, como mecanismo de defensa comercial de los sectores productivos vulnerables a la competencia.

Para el profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Manuel Fernández, sin duda el mercado laboral funciona mal y los síntomas que lo revelan son la alta tasa de desempleo y una prevalencia de la informalidad laboral.

En la salud

A través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural se garantizará el derecho a la salud.

No dependerá de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera.

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Se trata de una reforma sustancial al sistema de salud colombiano que, en opinión de algunos expertos, va en contravía del aseguramiento con pluralismo estructurado que tiene el sistema de salud desde hace muchos años.

“Posiblemente haya cambios justificados que hacer en ese sentido, pero no deja de generar incertidumbre por las consecuencias y por la necesidad de recursos disponibles para llevarlo a cabo, que pudiera hacerla inviable; pero sobre todo porque, de no hacerse gradual y concertadamente podría ser caótica”, asegura el Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, Gustavo Quintero Hernández.

Las reformas se necesitan, pero la pregunta es si el Congreso les dará el sí.