El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, continúa en el centro de la polémica, luego de protagonizar un nuevo hecho el domingo cuando se filtraron explosivas declaraciones que salpicaban al gabinete del presidente Gustavo Petro y la financiación de la campaña.
El canciller Leyva reconoció en diálogo con periodistas que la aceptación de la renuncia de Benedetti se hizo con celeridad y arremetió contra el exfuncionario al que señaló de ser “drogadicto”.
“Él mismo dice (Armando Benedetti) ‘yo soy un drogadicto’… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, aseguró el ministro, quien señaló que la renuncia había sido presentada desde finales de mayo.
En la carta de renuncia, que fue conocida el pasado viernes, Benedetti agradeció al presidente Gustavo Petro la “confianza” por haber sido designado en este cargo.
“Agradezco, presidente @petrogustavo, la confianza que me brindaste al designarme una de las más importantes tareas para tu gobierno: restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¡Lo logramos! ¡Gracias!”, dice el tuit de Benedetti que acompaña el documento con su firma.
Este miércoles 7 de junio, Benedetti afirmó por medio de su cuenta de Twitter que se encuentra en Bogotá en compañía de sus hijos, desmintiendo los rumores de que el exembajador estaría recluido en un centro de salud debido a una crisis nerviosa, detonada por los recientes encándalos.
“Para los espontáneos y creativos: estoy en Bogotá, en mi apartamento, con buena salud y acompañado de dos de mis hijos”, tuiteó el político, dejando claro que tampoco estaría escondido por temor a represalias por los audios revelados.
Los comentarios son variados, algunos toman la situación con humor y le preguntan si está sobrio, a propósito de un tuit anterior, donde Benedetti afirmaba haber bebido alcohol.
Otros usuarios de la red social lo instan a pedir asilo en los Estados Unidos, considerando que él y su familia corren peligro por la información de los audios revelados por la revista SEMANA.
Si fuera cierto lo que dice Benedetti, ¿en qué delitos habría incurrido el Gobierno?
Pues bien, mientras las investigaciones de los organismos de control continúan, el abogado penalista Francisco Bernate dijo a Colprensa que, de encontrarse la veracidad en lo dicho por Benedetti, hay una serie de delitos que se podrían desprender de las conductas no solo del mandatario colombiano, sino de su gerente de campaña, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
En ese orden de ideas, Bernate explicó, en primer lugar, que si se demuestra efectivamente el ingreso de los 15.000 millones de pesos a la campaña, pero que estos no se reportaron, se habría inducido al error a la autoridad administrativa, por lo que la persona que firma el reporte habría cometido el delito de fraude procesal, que tiene una pena entre 6 y 12 años de prisión.
Sin embargo, si se establece que esos dineros tienen un origen ilícito, esto podría relacionarse con el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, por lo que se sancionaría al gerente de la campaña con prisión de hasta ocho años de cárcel.
Por el contrario, si los 15.000 millones de pesos ingresaron a la campaña, no se reportaron y con ellos se violaron los topes, pues se somete el delito de violación de tope o límites de gastos en las campañas electorales, que también tiene una pena de 4 a 8 años, según lo explicó Bernate.
Además, el penalista manifestó que está por establecerse si son dineros que provienen de un hecho ilícito de una organización criminal, y que si efectivamente ingresaron a la campaña, se enfrentarían a un largo proceso judicial, como ocurrió en el caso del proceso 8000, por enriquecimiento ilícito de particulares.
Por eso, opina que “aquí no solamente estaría llamado a responder el gerente de la campaña, también las personas que participaron. Y, por parte de los entes de justicia, habría que entrar a determinarse si el candidato tuvo conocimiento, avaló, autorizó u ordenó que esos dineros ingresaron a la campaña, es un delito bastante grave y tiene hasta 180 meses de prisión”.