“La Fiscalía General de la Nación, como institución de la Rama Judicial del Poder Público, rechaza los actos de violencia perpetrados el día de hoy en contra de la Corte Suprema de Justicia, así como las agresiones a servidores públicos, periodistas y a la infraestructura del Palacio de Justicia, sede del alto tribunal”, dijo un comunicado del alto tribunal.

En el mismo se agrega que el ente acusador, liderad por Francisco Barbosa, quien cumple su periodo constitucional el próximo martes 14 de febrero y será reemplazado temporalmente por la vicefiscal Marta Mancera, “se solidariza con los magistrados que la integran y hace un llamado al respeto pleno de su autonomía y independencia”.

Francisco Barbosa hace su última rendición de cuentas | Foto: Pantallazo rendición de cuentas

El pronunciamiento se produjo después de que un grupo de protestantes empezaron a usar la violencia, atacaron a la Policía y bloquearon todas las entradas del Palacio de Justicia, donde minutos antes los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían comunicado que, tras votaciones, no se habían puesto de acuerdo para escoger a la nueva Fiscal General de la Nación de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro.

Los protestantes trataron de entrar por la fuerza, pero otro grupo de manifestantes calmó los ánimos temporalmente, pero al final la puerta de acceso a la sede del alto tribunal fue ocupada, impidiendo la salida de los magistrados y el resto de funcionarios, además de periodistas, que se encontraban en el interior del edificio.

Al caer la tarde, los magistrados salieron del Palacio de Justicia. | Foto: semana

En su comunicado, la Fiscalía también informó la conformación de un equipo de trabajo entre fiscales e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, “en orden a efectuar los actos urgentes que correspondan y ejercer la acción penal frente a los posibles hechos delictivos que se hayan cometido”.

“La institución enfatiza la importancia de ejercer el derecho a la protesta ciudadana dentro del marco legal, así como de respetar los canales democráticos previstos en la Constitución. La integridad de las instituciones de la justicia es esencial para la preservación del Estado Social de Derecho”. concluyó el ente investigador.