El pasado 26 de diciembre, el Gobierno Nacional decidió que reasumirá a partir del 1 de enero de 2024 las funciones de autoridad minera delegadas desde el año 2001 a Antioquia y rechazó el pedido de la Gobernación para prorrogar la delegación minera en el departamento.
La decisión no cayó para nada bien en la Administración Departamental, donde el mandatario Aníbal Gaviria protagonizó un intercambio de tuits con el presidente, Gustavo Petro, quien justificó la medida, mientras el primero aseguró que esa decisión revive el centralismo en Colombia.
En ese sentido, el gobernador antioqueño indicó en su cuenta de X, antes Twitter: “No, Presidente. La Constitución dice autonomía territorial y descentralización. Hemos ejercido la delegación con responsabilidad y eficiencia, sirviendo a los pequeños mineros, ejemplo nacional de formalización. Despojarnos de la delegación no se recupera, sino concentrar”.
Además, más tarde, Gaviria dio una rueda de prensa en la que aseguró que la decisión no fue técnica, sino que es de origen político y defendió a los pequeños y medianos mineros de la región, indicando que esa medida los afecta a ellos, luego de que el departamento hubiera logrado más del 40% de toda la formalización minera del país.
“Los estándares de Antioquia son más altos que los estándares nacionales, por eso me parece tan contradictoria la reacción del presidente Petro, porque ayer el director de la Agencia decía claramente que en formalización Antioquia es un referente”, dijo a medios de comunicación.
En su anuncio, el Jefe de Estado dijo: “Mi Gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. Recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”.
De otro lado, Gaviria también anotó que había hablado con el director de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y que este había mencionado que una de las alternativas sería un firmar convenio con la Gobernación que le permita continuar con la formalización.
¿Qué dice la ley?
La ley le concede la potestad a la ANM de otorgar títulos mineros para la exploración y explotación de minerales, fiscalizarlos y hacer seguimiento y control de los títulos y demás figuras que habiliten explotación mineral. Esas funciones fueron delegadas a Antioquia y estaban vigentes hasta el 31 de diciembre, luego de que se firmara un otrosí en diciembre de 2021.
Por ello, la Gobernación radicó el pasado 17 de noviembre pasado la solicitud de una prórroga de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la Agencia indicó que dentro del estudio de la petición se elaboraron dos informes técnicos de supervisión de la última prórroga que fueron tenidos en cuenta para tomar la decisión anunciada.
“A partir de los citados informes se concluye que si bien el delegatorio (la Gobernación) ha efectuado acciones encaminadas al cumplimiento de las metas e indicadores propuestos en los planes de acción, el seguimiento a los procesos y procedimientos así como la revisión de los actos administrativos proferidos ha evidenciado falencias en algunos de los aspectos asociados al cumplimiento de la función de fiscalización”, indicó la Agencia justificando el rechazo a la nueva prórroga.
Asimismo, se darán al menos tres meses de transición que se podrán prorrogar por otros tres meses. Además, el pasado martes 26 de diciembre se instaló una mesa de trabajo para adelantar el proceso de terminación y liquidación del convenio.