“No veo por qué derogar las multas que puso Duque de manera inconstitucional haga disfuncional la familia. Al contrario, la herida abierta entre la juventud barrial y la policía local se puede cerrar al dejar de ejercer el estado una persecución insensata contra los jóvenes de los que se sospecha son consumidores solo por ser jóvenes; la mayoría no son consumidores”.
Esa fue la respuesta del presidente Gustavo Petro al pronunciamiento del exmandatario Álvaro Uribe, quien cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de derogar el decreto 1844 de 2018, con el cual se le habían dado facultades a la Policía para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos.
El pasado sábado 9 de diciembre Uribe alertó: “Con la legalización del consumo recreativo y la eliminación de controles policivos, es un paso para generalizar la familia disfuncional, para destruirla, para llevar a la juventud a la ansiedad y a la aniquilación. Esto contribuye a destruir la Nación, así al principio no se note. Es el camino ascendente al fentanilo y a la muerte”.
Uribe le aseguró al Gobierno que en Colombia no se llevan presas a las personas por consumir o portar dosis personal de drogas y que el uso médico, científico, medicinal, está legalizado desde 1960. La Norma Constitucional de 2009 prioriza la prevención y la rehabilitación.
Al respecto, Petro explicó que “Todas las normas de penalización de la comercialización de drogas y el narcotráfico siguen vigentes. En los gobiernos de Uribe y Duque se construyó como enemigo interno a la juventud barrial, eso llevó al ajusticiamiento de miles de jóvenes y al estallido social respondido por el estado con decenas de muertos y miles de detenidos, todos jóvenes”.
Además, que al derogar el decreto, “las multas y el raqueteo que conlleva, la llevada al CAI y en muchos casos el golpe, la extorsión e incluso el abuso de mujeres, cesan. Podemos hablar de Paz al barrio”.
Y reiterando la eliminación del decreto de drogas finaliza: “Esa guerra contra la juventud ha terminado. La policía debe lograr acabar las desconfianzas barriales con la juventud y centrarse en lo que la ley prohíbe. Capturar al capo, al lavador de dólares, y capturar a los delincuentes que azotan a la ciudadanía”.
El pasado 7 de diciembre, el Gobierno firmó el decreto sustentando que esa decisión se fundamenta en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas, de derechos fundamentales y derechos humanos.
“Es necesario no solo asegurar evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas, sino que es necesario orientar los esfuerzos y la capacidad institucional para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias psicoactivas, así como las estructuras del crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico, como fenómeno transnacional”, dice el documento.
En su momento, el presidente Iván Duque fue el encargado de firmar el Decreto 1844 de 2018, con el cual se penaliza el porte y la tenencia de la dosis mínima de droga.