En un acto de reconocimiento de responsabilidad y restauración, este 5 de junio, a las 2:00 p.m., el coronel Jorge Florián y el mayor Mauricio Ordóñez, excomandantes del Gaula Militar del Valle del Cauca en 2006 y 2007 respectivamente, devolverán a las víctimas las medallas que les fueron otorgadas durante el conflicto armado y les pedirán perdón. Esto forma parte de las estrategias de restauración.

Esto ocurre después de que ambos oficiales aceptaran su culpabilidad ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) en octubre de 2022 y su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas en el caso conocido como ‘falsos positivos’.

En marzo de este año la JEP imputa 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 integrantes de dos columnas móviles de las Farc–EP | Foto: Semana

El acto restaurativo es liderado por el despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien es el corelator del caso 05 de la JEP. Este caso investiga los crímenes cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria.

“El objetivo de esta diligencia es contribuir a la construcción de la paz, el reconocimiento, la reparación del tejido social y el resarcimiento de las víctimas, además de avanzar hacia los objetivos del Acuerdo Final de Paz. En este acto se rendirá un homenaje especial a las víctimas de estas operaciones, quienes son el centro de atención de la JEP”, señaló la Jurisdicción.

Según los datos proporcionados por la JEP, hasta la fecha se ha convocado a declarar voluntariamente a 42 miembros de la Fuerza Pública en este caso, y se han escuchado los testimonios de 20 de ellos. De estos, 13 han admitido su participación en asesinatos contra la población civil y otros 2 han reconocido haber cometido actos de violencia basados en género.

El magistrado es el relator del macrocaso 05, y será quien presida el acto de entrega de las medallas. | Foto: El país

Por otra parte, el 6 de junio el despacho del magistrado Sánchez comenzará a notificar a las comunidades étnicas la imputación de cargos contra antiguos miembros de las extintas Farc por diversos delitos perpetrados en las regiones del Cauca y Valle del Cauca.

En ese evento hará presencia la vicepresidenta Francia Márquez y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí Rodallega.

Se llevará a cabo un proceso de notificación que respetará la pertinencia étnica y cultural, en relación al Auto 01 de 2023. En dicho auto, dentro del macrocaso 05, se imputaron 14 crímenes de guerra a 10 exguerrilleros pertenecientes a las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis.

La decisión se comunicará a representantes de las víctimas colectivas acreditadas, pertenecientes a 84 organizaciones afrocolombianas, incluyendo 81 consejos comunitarios ubicados en localidades como Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Florida, Pradera, Palmira, Guachené, Villa Rica, Jamundí y Candelaria.

Vicepresidenta Francia Márquez está reconocida como víctima en el caso 05, debido a su participación en los Consejos Comunitarios del norte del Cauca. | Foto: Guillermo Torres Reina

¿Cómo funciona el Caso 005?

Conocido como el Caso No. 005 dentro del listado de los siete grandes procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, es el expediente que contiene la investigación por violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 17 municipios del norte del Cauca y sur del Valle.

Se abrió el 8 de noviembre de 2018 y tiene más de 108.000 víctimas acreditadas por delitos cometidos por las Farc o la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre del 2016, y que afectaron principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de esta región.

El Caso No. 005, según el analista y politólogo Jorge Luis Yarce, es para la Justicia Especial para la Paz el más relevante en el marco de la justicia transicional, en tanto que el norte del Cauca y el sur del Valle “se configuró, en tiempos de mayor conflictividad, como uno de los epicentros de la violación de Derechos Humanos y de delitos contra el DIH, y que más claramente se han podido evidenciar”.

“108.000 víctimas acreditadas son la confirmación de la grave situación de violencia que se vivió en este territorio y que lastimosamente no podemos decir que haya cesado; sin embargo, el reconocimiento de las víctimas, de los hechos, y sacar a la luz la verdadera dimensión del conflicto es un hecho trascendental para la construcción de la memoria histórica necesaria, pero sobre todo para tratar de reconstruir el tejido social y una paz desde la ciudadanía, desde la sociedad y no desde los actores políticos”, dice Yarce.