Luego de una carta enviada a la Procuraduría General de la Nación, el presidente Gustavo Petro chocó con la determinación de esa entidad de suspender provisionalmente al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por presuntas irregularidades en contratos. La razón es que la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma que le permitió regresar a la vida pública y convertirse en jefe de Estado, según el mandatario, no lo obliga.
La procuradora Margarita Cabello, en diálogo con Blu Radio, mostró su desacuerdo y preocupación por la actitud del mandatario. Aseguró que era preocupante que un presidente, que juró cumplir la Constitución y la ley, desconozca lo establecido constitucionalmente. “La carta del presidente está retando la Rama Judicial nuevamente y desconociendo la democracia y el Estado de Derecho del país. Es un reto público”, dijo.
Y es que cabe recordar que en la carta, el mandatario le advirtió a la procuradora que no acogerá las sanciones a funcionarios electos. En la misiva no solo cuestionó el actuar de la entidad, sino que señaló que sus decisiones desconocen las garantías de la Convención ADH y, por tanto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El presidente observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción no reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes”, dice parte del texto.
Petro se refirió a los casos que tocaron directamente a militantes del Pacto Histórico y, en particular, al alcalde de Riohacha (La Guajira). José Ramiro Bermúdez Cotes fue suspendido debido a presuntas irregularidades en la contratación de la empresa de acueducto.
Desde hace meses, el primer mandatario se ha mostrado en contra de dichas suspensiones, pero esta vez argumentó que “no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida” por la autoridad administrativa.
“Veo un desconocimiento y una intención de no querer acatar una decisión de la Corte Constitucional. Es una línea de mensaje del presidente desconociendo la institucionalidad democrática y promoviendo un desacato”, expresó la procuradora en Blu Radio.
“La preocupación tiene que ser de todos los ciudadanos que se van a ver afectados por el caos promovido por el presidente al no querer respetar la regulación normativa colombiana y decir que va a respetar una decisión extranjera ya analizada y definida en Colombia”, afirmó
“Un presidente de la República que no le gusta lo que hacen las leyes colombianas, sino que quiere es aplicar una ley extranjera”, añadió.
Por otro lado, la procuradora dijo que no porque Petro sea el presidente, signifique que no cumpla con la decisión de la Corte Constitucional. “Todo el mundo tiene que cumplir la decisión de la Corte Constitucional. El presidente, que es la máxima autoridad, no puede decir que porque no le gusta entonces no la va a aplicar”.
Y añadió: “Qué se puede esperar para el ciudadano común cuando el presidente desconoce una regla que está clara. El mensaje aquí es claro, el presidente está diciendo: ‘Yo hago lo que quiero y no voy a acatar lo que no me gusta’”.
Sobre el caso del alcalde de Riohacha, Margarita Cabello advirtió que él está suspendido provisionalmente por la Procuraduría tras una investigación sobre una licitación y posibles desacatos a las órdenes de la Corte Constitucional.
“El alcalde de Riohacha que no se equivoque, él continúa suspendido. La carta del presidente no le revoca ni anula ni le quita efectos a la decisión de suspensión de la Procuraduría”, dijo.