Las elecciones de autoridades locales son un mecanismo de lavado de activos y es imposible poderle hacer seguimiento a esa plata”. Así lo aseguró Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, sobre la preocupación de la entidad por la falta de control en la financiación de las campañas.
Explica que, por un lado, los grupos significativos de ciudadanos no están cumpliendo con las normas de reportar sus gastos y porque todo indica que, para este año, volverá a suceder que parte de las campañas se hacen por medio del lavado, una situación que es incontrolable.
Sobre los comicios regionales del 29 de octubre también está preocupada por la situación de orden público, pero tiene claro que es un problema que viene en crecimiento, pero que se puede controlar si la institucionalidad del país, es decir, gobierno, autoridades locales, departamentales y ante todo, las electorales, trabajan de manera conjunta, algo que en concepto de Barrios aún no se nota para este proceso.
Estamos a tres meses y medio de las regionales, ¿cree que la situación de orden público puede afectar las elecciones?
Es una situación que ha venido creciendo desde el 2016. Es importante tener en cuenta dos cosas. La primera es que esta situación de inseguridad no es exclusiva a este proceso electoral, lamentablemente, lo que es la presencia de grupos armados ilegales se ha ido incrementando y la violencia concentrada contra liderazgos políticos también.
En enero, ya se venían incrementando los hechos de violencia contra los liderazgos sociales, políticos y comunales, entonces lo que hemos venido viendo es una curva de ascenso que se ha profundizado en aquellos departamentos donde tradicionalmente hay presencia de la ilegalidad armada y de las regiones.
¿Qué pasó en la Comisión de Seguimiento Electoral?
Se hizo una Comisión de Seguimiento Electoral en Antioquia, Bajo Cauca, una de sus regiones problemáticas donde hay preocupación para la libertad de hacer proselitismo electoral, de que candidatos de diferentes posturas políticas puedan presentarse sin que reciban amenazas de ser excluidos del juego electoral.
Estamos en un paro armado en el Chocó, eso tiene afectación en un grupo de municipios del Litoral de San Juan y ha tenido los primeros impactos en la posibilidad de que los ciudadanos puedan asistir a la inscripción de cédulas. Preocupa también en el Catatumbo y las subregiones gigantescas la presencia de las disidencias de las Farc. Estamos hablando de Putumayo, Caquetá y Guaviare, pero eso no significa, a cuatro meses del proceso electoral, que se haya salido de control.
¿Es decir, que las advertencias del Registrador son exageradas?
No, solo advertencias que se hacen, hay que dialogar muchísimo con los gobernadores, ellos son los principales responsables de la seguridad de sus departamentos, los alcaldes en sus municipios y por eso, el diálogo tiene que ser territorial.
¿Qué es lo que se ha venido haciendo en materia electoral?
Se ha dialogado con las autoridades, convocado comisiones de seguimiento electoral. Es importante llegar a un acuerdo sobre cuál es la información que entregan las autoridades y las diferentes instituciones del Gobierno. Son datos diversos y por eso fue necesaria la comisión del jueves, para que se pueda alinear la información de orden público. Quedó clarísimo algo, no es ni maquillar ni modificar los resultados, es alinear la información, es decir, saber de qué hechos de violencia se está hablando, si hay amenazas hacia candidatos, cuáles son, tener todos reportados. O sea, no tener instituciones que están dando información diferente porque uno de los mayores aprendizajes que han dejado los procesos electorales en Colombia y es que para llevarlos a cabo en contextos de violencia, la institucionalidad se alinea y no compite entre sí, sino que actúa de manera coordinada.
Si se hacen esos correctivos, ¿habrá elecciones en todo el país o, como dijo el Registrador, algunos municipios no tendrán?
Esperamos que se hagan elecciones en todo el país, ese es uno de los principales retos. Solamente en muy pocas ocasiones se ha tomado la decisión de levantar los comicios el mismo día de las elecciones, por lo menos ya en los últimos diez años. Antes era absolutamente normal que no se pudieran hacer. Se está poniendo a prueba la capacidad institucional del Gobierno y estamos seguros de que se va a hacer todo lo necesario para que eso no ocurra.
¿Cómo MOE ha empezado a hacer la auditoría electoral?
Igual de importante que el tema de violencia, es la forma en que se puede hacer vigilancia y control al proceso electoral en sí mismo para que los resultados tengan la credibilidad de los ciudadanos y es ahí donde nosotros hemos manifestado algunas de las preocupaciones. Estamos a menos de cuatro meses de las elecciones y no tenemos un cronograma de auditorías listo. El Consejo Nacional Electoral tampoco porque no tiene los recursos financieros para adelantar sus procesos de auditorías a las contrataciones que se realicen.
La otra semana habrá la primera mesa de trabajo para revisar el formulario E-14, pero no solo como papel, sino cómo va a ser la transmisión de los datos, cuál es la empresa que se va a encargar, si vamos a incluir o no innovaciones tecnológicas en el proceso electoral. Nosotros llegamos al proceso electoral de Presidencia y Congreso con innovaciones tecnológicas que nos enteramos sobre la jornada.
Hay innovaciones tecnológicas, hay que ver cómo va a ser todo el tema de la transmisión de la información. También, viene todo lo que va a ser el sorteo de jurados de votación, de las auditorías. Esos software, para que no se generen preocupaciones, deben tener curados idénticos.
¿Cómo fue recibido el nuevo E-14?
Se mostró, pero la reunión técnica va a ser mañana. Esa es la reunión más importante, porque en la revisión del E-14 de las elecciones al Congreso fue donde se advirtió, de manera oportuna, que iba ser a ser problemático. El Registrador delegado para Asuntos Electorales hizo unos cambios que son absolutamente interesantes, que le dan mayor claridad al 14, se van a incluir para alcaldes y gobernadores las fotos de los candidatos. Hay mayor espacio para ver los logos, no podemos olvidar que estamos hablando de 35 organizaciones políticas, ese va a ser otro desorden que nos vamos a encontrar cuando veamos coaliciones, entonces, allí hay unas modificaciones y hay una propuesta. La verdad, a nosotros nos parece muy interesante, pero falta que los partidos hagan sus comentarios, tienen muchísima experiencia y ya saben exactamente cómo puede haber una afectación, pero vemos que está muy bien pensado el E-14 que se presentó.
¿Por qué le preocupa a la MOE la forma como se está haciendo financiación de la campaña?
Estamos en la misma situación desde hace más o menos diez años. Hubo un avance muy importante que se hizo en el 2017, que fue convertir en delitos los temas de financiación de las campañas políticas ilegales. Antes solamente eran tratados de manera administrativa, es decir, a partir de multas, pero en términos de vigilancia y control se han quedado atrás. Entonces, es como cuando anuncian que suben las penas, el castigo aumenta, pero no generan los mecanismos para identificar si esa acción se está haciendo. Las elecciones de autoridades locales son un mecanismo de lavado de activos y es absolutamente imposible hacer seguimiento a esa plata.
¿Allí incluye a los grupos significativos de ciudadanos?
En el informe que entregamos hicimos seguimiento a cerca de 300 grupos significativos de ciudadanos y el 29 de junio se cerró la inscripción. Hicimos corte y revisión. Encontramos que ninguno había presentado ingresos, es decir, recogieron firmas sin haber reportado recursos. Solo tres grupos presentaron gastos, alrededor de 150 millones de pesos. Es decir, nada. Cuando entramos al aplicativo de Meta, para ver cuánto habían gastado en redes sociales, encontramos que más de 500 millones de pesos, eso significa que seguimos jugando a lo mismo que ha generado problemas de credibilidad en la clase política. Se gastan la plata, no se informa y estamos abocados a lo mismo si el Consejo Nacional Electoral no toma medidas drásticas de vigilancia.
¿Qué se ha denunciado sobre los delitos electorales?
Lo que viene es el tema de anomalías, irregularidades y delitos electorales. Antes, las reglas de la inscripción de las candidaturas eran muy confusas, entonces no se tiene claro cuándo la propaganda es ilegal, si cuando se recogen firmas puede hacerse propaganda. Hemos recibido a la fecha poca información, poco más de 200 quejas ciudadanas, la mayoría hacen referencia a propaganda extemporánea. Ahora, aprovecho para recordar que todavía no se puede. Solo hasta después del 29 de julio empieza la campaña en forma.
La participación en política de los funcionarios públicos, si el alcalde acompaña a una posible candidatura o no, porque estamos en un momento gris. Hay zonas como esas que van a empezar a aclararse a partir de este mes, cuando empiezan en forma las reglas claras, si sabemos quiénes son candidatos y quiénes no.