Por Olga Lucía Criollo, editora de Poder
“Hemos dado importantes pasos hacia adelante, pero es clave que podamos agilizar, para garantizar que, en los dos años que nos faltan, se desentrabe lo incumplido y avanzar en que el Acuerdo pueda llegar a los niveles de cumplimiento que se requieren”.
Así, Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, reconoce que la implementación de lo convenido en La Habana entre el Estado colombiano y las Farc va lenta.
Sin embargo, anota que el año pasado se entregaron 12.500 hectáreas de tierras a firmantes y que están trabajando “sobre una estrategia de fortalecimiento de los proyectos productivos de los firmantes, con más de $ 30.000 millones”.
¿En qué consistió el consejo de reincorporación que hicieron en Cali?
En la Agencia para la Reincorporación tenemos un escenario creado en el marco del Acuerdo de Paz, que es el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, encargado de dar lineamiento y seguimiento a todo el proceso de reincorporación. Hicimos un CNR territorial para atender las circunstancias particulares de la reincorporación en Nariño, Valle y Cauca, y tocamos con los y las firmantes y la institucionalidad algunos requerimientos que se están planteando alrededor del tema del acceso a la tierra, la seguridad de los firmantes y su sostenibilidad económica, y la idea fue escuchar, desde la cercanía, las necesidades más urgentes de las personas en proceso de reincorporación en estos lugares.
La Misión de la ONU en el país ha dicho que la implementación del Acuerdo va lenta, ¿qué responde?
Sin duda hay que acelerar el proceso de implementación del Acuerdo; en esa tarea estamos. Nosotros encontramos un acumulado de incumplimientos tras cuatro años del anterior Gobierno, donde la implementación fue precaria, y estamos avanzando.
Creo que este Gobierno ha avanzado más implementación que en los cinco años anteriores. En términos de tierras, por ejemplo, el año pasado se entregaron 12.500 hectáreas a firmantes; en sostenibilidad económica, estamos trabajando sobre una estrategia de fortalecimiento de los proyectos productivos de los firmantes, con más de $ 30.000 millones. Hemos dado importantes pasos hacia adelante, pero es clave que podamos agilizar, para garantizar que, en los dos años que nos faltan, se desentrabe lo incumplido y avanzar en que el Acuerdo pueda llegar a los niveles de cumplimiento que se requieren.
¿Cuántos excombatientes se mantienen en el proceso en el Valle?
Tenemos 415 firmantes que se mantienen en su proceso de reincorporación. Cali tiene 192 y el resto están en Buga, Tuluá, Buenaventura, Palmira y Jamundí. En la ARN tenemos actividades específicas de reincorporación económica y social, que tiene que ver, por ejemplo, con educación; reincorporación comunitaria, que trabaja con las comunidades y las víctimas sobre procesos de reconciliación, y también actividades de reincorporación política.
Y a nivel nacional, ¿cuántos firmantes se mantienen en el proceso?
El 87 % de las personas que dejaron las armas y entraron al proceso de reincorporación se mantienen activas en él casi ocho años después. Tenemos otro porcentaje que ya no está: algunos han fallecido, fueron asesinados y de otros no sabemos el rumbo que tomaron, probablemente alguna reincidencia, pero el porcentaje es bajo: la gran mayoría de los firmantes del Acuerdo de 2016 le está cumpliendo al país y están haciendo su proceso individual o colectivo de reincorporación a la sociedad.
En Cali, excombatientes que se apartaron del partido Comunes habían denunciado que la ARN no les estaba dando el mismo trato que a los demás reincorporados...
Esas son expresiones normales de la política, desde que dejaron las armas, unos están en el partido y otros están en otras expresiones. Para nosotros, en el marco de la reincorporación, lo más importante es que, independiente de en cuál expresión política, asociativa u organizativa, todos los firmantes estén. Creo que todo se junta en la intención de que la reincorporación sea un proceso en el que le vaya bien a todo el mundo. Eso lo aprovechamos en el CNR: además de los delegados de Comunes, tuvimos invitados de otras expresiones, que nos aportaron sus ideas. La reincorporación es de los temas en donde hay más unidad en términos de pensamiento, de por dónde debe ir. Eso nos ayuda, independiente de los lugares sociales, políticos u organizativos en los que hoy se encuentre esa gran variedad de firmantes.
¿Cuáles fueron las principales peticiones de los excombatientes?
Tocamos dos temas que son sensibles e importantes: la seguridad y el acceso a tierras. En el marco de seguridad definimos una reunión específica para atender casos concretos y en esas mesas la idea es revisar no solo medidas específicas para personas o liderazgos que tengan algún nivel de riesgo o amenaza, sino también casos de contextos de seguridad en algunos territorios en donde están produciendo las cooperativas de firmantes. Primero se hizo una mesa en el Valle, y se definió que vamos a hacer otras para Nariño y Cauca, de tal manera que podamos avanzar en dar respuestas muy específicas.
Sin duda, en seguridad hay reflexiones más de carácter estructural asociadas a conflictos armados que tenemos en los territorios, con los actores armados y mesas de negociaciones que tienen orientaciones que no vamos a resolver, pero sí es muy importante que en esos espacios siempre se tenga presente que la vida de los y las firmantes es prioridad.
Y en cuanto a tierras, ¿qué se ha avanzado hasta ahora?
Básicamente, en agilizar la ruta que tenemos con la Agencia Nacional de Tierras y la SAE (Sociedad de Activos Especiales) para el acceso de tierra productiva para firmantes del Acuerdo de Paz. Ya tenemos unas rutas específicas para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr, que están en riesgo en estas regiones del país, y también para procesos productivos, organizativos y cooperativas de firmantes que producen bienes agropecuarios y no tienen tierra. Como factor de sostenibilidad, estamos trabajando en agilizar el acceso a la tierra para todos ellos en este territorio.
¿Los firmantes de Paz siguen recibiendo la renta básica que se acordó en La Habana?
Sí, estamos trabajando con el programa de reincorporación integral, que tiene un índice de reincorporación, y la idea es que, en la medida en que vayan cumpliendo con ese índice, los y las firmantes puedan ir saliendo del proceso de reincorporación y ya no tendrán acceso a renta básica, que equivale al 90 % de un salario mínimo, pero sí a otras cosas como tierra, educación, salud.
¿Y hasta cuándo está previsto que ellos sigan recibiendo ese dinero?
Eso no quedó especificado en el Acuerdo. Por eso se ha venido manteniendo esa renta, pero lo que estamos planteando, y para eso es el programa de reincorporación, es que en la medida en que el programa avance y se cumpla con el indicador de reincorporación, las personas empiecen a salir, porque ya habrán llegado a la ciudadanía, que es la intencionalidad de la reincorporación. O sea, no es que haya una fecha en donde se corte la renta básica, sino que la evolución del proceso de cada uno es lo que nos va a decir en qué momento ya no la tendrán.
¿Hay recursos en el presupuesto nacional para seguir con esa renta?
Sí, el año pasado tuvimos un incremento en el presupuesto nacional para atender, como es debido, el proceso de reincorporación. Ahora tenemos recursos para cumplir con esas acciones que implican no solo la renta básica, sino la reincorporación política, social, comunitaria. Por supuesto, nunca va a ser suficiente ningún presupuesto, siempre va a ser muy ajustado, pero con él que estamos trabajando alcanza para que esto sea posible y avance.
¿Casi ocho años de la firma de la Paz, cómo es el trato que la sociedad les da a los excombatientes?
Como sociedad, todavía tenemos una deuda muy grande en la comprensión de lo que significa no solo la reincorporación, sino el mismo Acuerdo de paz. Creo que haber tenido un gobierno que no era afín al proceso no permitió que el pueblo colombiano avanzara en la pedagogía y en la comprensión de lo que significaba el Acuerdo para la construcción de la paz en Colombia. Ahí hay un vacío enorme y señalamientos y estigmatización todavía.
Imagínese que el presidente Petro dejó las armas hace más de 30 años y todavía lo siguen llamando guerrillero, ahora estas personas, que no llevan ni 8 años. Ahí tenemos una tarea enorme como Estado y gobierno, en garantizar que esta sociedad comprenda lo que significa un proceso de paz, que estas personas hayan dejado las armas para construir la paz y avancemos efectivamente en procesos de reconciliación.
La estigmatización mata y eso lo hemos visto con los firmantes del Acuerdo. Tenemos un reto enorme los medios de comunicación, los gobernantes y el Estado en general, de tal manera que comprendamos y acojamos el proceso de paz del 2016, la reincorporación y ojalá todo lo que venga en el marco de la Paz Total.
¿La ARN solo atiende a los firmantes del Acuerdo de 2016?
La Agencia tiene cuatro procesos para trabajar: uno es el proceso de reintegración, que son personas que individualmente deciden dejar las armas y pertenecen a grupos armados como el ELN o las disidencias. Tenemos otro proceso que se llama atención diferencial, que son quienes deciden individualmente también dejar las armas de grupos criminales como el Clan del Golfo. Tenemos también a personas que están en proceso de reintegración bajo la Ley 965 o de Justicia y Paz (firmada con las autodefensas), y vamos a empezar en junio el acompañamiento al proceso de comparecencia de miembros de la Fuerza Pública, activos y retirados, ante la JEP. Y está el programa de reincorporación, que es el más grande que tiene la Agencia, pues atendemos a 12.200 personas en reincorporación, mientras que de los otros grupos que mencioné apenas si llegamos a los 4000.