Este jueves 26 de septiembre, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz expresó “su preocupación” porque el Comisionado para la Paz se refirió a un posible cierre de ese tribunal, el expresidente Juan Manuel Santos le pidió a la Corte Constitucional que le establezca a la JEP unos parámetros para que sea más eficiente.
En efecto, sobre el mediodía, el presidente de la Jurisdicción, Roberto Vidal, leyó un comunicado en el que aseguró que “cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”.
Esto después de que, en una entrevista a El Espectador, el comisionado de Paz, Otty Patiño, afirmó que “el Ejecutivo analiza la posibilidad de cerrar la Jurisdicción y buscar una salida al conflicto mediante un nuevo tribunal de cierre”.
“La JEP también alerta sobre la posición que puede tomar la Corte Penal Internacional frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo o que impida el desarrollo de sus funciones, o restrinja los recursos para su operación. Esto puede ser visto por la CPI como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales”, agregó el magistrado Vidal, en alusión que, “a raíz del trabajo de la JEP”, la Corte decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Por ello, Vidal hizo un enérgico llamado a respetar la separación de poderes, y a garantizar la autonomía que le asistente a la Jurisdicción, añadiendo que las iniciativas de cierre planteadas desde el Ejecutivo “resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyen sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito”.
El llamado de Santos
Sin embargo, horas más tarde el expresidente Santos se refirió desde Manizales a la que llamó una “actitud maximalista” del tribunal de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo de Paz que él firmó con las extintas Farc en noviembre de 2016: “Si continúa con esa actitud, la JEP no va a cumplir con esos términos y va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia”.
Por eso, le pidió a la Corte Constitucional que revise una demanda que busca evitar que esa instancia judicial extienda sus labores por más tiempo, ya que la Jurisdicción habría decidido que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas llame a declarar a otros actores del conflicto, tanto de la extinta guerrilla como de la Fuerza Pública.
Según el también Premio Nobel de Paz, es necesario que a la JEP se le establezcan “unos parámetros, para que sea más eficiente y se concentre, como fue el espíritu del Acuerdo, en los máximos responsables y no en todos”.
De otro lado, el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz también le reclamó al Gobierno Nacional “por la falta de cumplimiento en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz”.
Y llamó la atención sobre el hecho “de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de la imposición de sanciones, a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y sus comunidades. Esto puede llevar a un escenario en el que la JEP emita sentencias y no existan recursos para ejecutarlas”.