La Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, que lidera Transparencia por Colombia y en la que participa la Unidad de Acción Vallecaucana, presentó una serie de alertas asociadas a la financiación de campañas políticas, con el propósito de incentivar mayor transparencia en el proceso electoral.
Estos llamados de atención se realizan con base en análisis del financiamiento de las campañas políticas en las elecciones legislativas y presidenciales del año 2022, elaborado por la Alianza.
De acuerdo con la información consignada por los partidos y organizaciones políticas en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, los ingresos reportados por las candidaturas fueron por más de $351 mil millones y los gastos superaron $366 mil millones, es decir, los gastos superaron a los ingresos en $15.000 millones.
El análisis detectó cinco patrones que caracterizaron la financiación de la campaña legislativa del año pasado. En primer lugar, persiste una alta dependencia de recursos privados para la financiación de las campañas políticas.
En segundo lugar, si bien Colombia contempla un financiamiento mixto de campañas, durante el desarrollo de estas se encontraron barreras para acceder a los anticipos estatales, como los requisitos de adquisición de las pólizas por parte de las organizaciones políticas. Asimismo, persisten las barreras para el acceso a los recursos de campañas para las candidaturas de mujeres, de tal manera que las organizaciones políticas realizaron donaciones a 242 candidatos en contraste con los aportes realizados a 129 candidatas.
Por otro lado, existen dificultades para el acceso a la información de ingresos y gastos de campañas. La Resolución 8586 de 2021 del CNE hizo obligatorio el reporte de las operaciones contables una semana después de realizados los comicios, con el fin de promover una rendición de cuentas en tiempo real y facilitar el seguimiento oportuno a estos recursos; sin embargo, en las campañas se evidenció un bajo cumplimiento de esta obligación.
De otra parte, el mayor disparador gastos en las campañas políticas continúa siendo la propaganda electoral. Este rubro representó el 45 % del gasto de las campañas al Congreso y para segunda vuelta presidencial, el 65,1 % (esto es más de $10 mil millones de pesos).
En el caso del Valle del Cauca, para la elección de la Cámara de Representantes se presentaron 124 candidaturas que registraron un total de ingresos de $12.674 millones y gastos relativamente menores por $12.244 millones. Hubo una preocupante concentración de recursos en los candidatos que resultaron elegidos, que recibieron el 47 % de los ingresos obtenidos.
Con base en estos resultados, la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas advirtió, de cara a los próximos comicios regionales, que ante el evidente incremento del número de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que tendrán derecho a participar, implica que el número candidaturas podría crecer ampliamente, por lo cual el control a la financiación de estas elecciones será mucho más desafiante que en elecciones pasadas.
Con base en esa realidad, la Alianza hizo un llamado a las organizaciones políticas para que le hagan ver a sus candidatos la importancia de implementar todas las obligaciones asociadas a la administración y rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas.
Por esas mismas razones, es previsible que la demanda por fuentes de financiación se amplíe significativamente, por lo cual es necesario que la autoridad electoral revise las barreras que impiden el acceso a financiamiento público para incrementar la entrega de recursos estatales por medio de los anticipos de campañas, con el fin de mitigar los riesgos de financiación por fuentes no permitidas.