Desde el Congreso de la República vienen advirtiendo, especialmente desde la bancada del Centro Democrático, que diversos grupos criminales en Colombia están asumiendo un papel que va más allá de su alcance, tomando posturas sobre asuntos nacionales y forzando demandas en torno a su tratamiento legal. Entre ellos, destaca la Segunda Marquetalia, bajo el liderazgo de Iván Márquez, que recientemente ha emitido un comunicado planteando sus condiciones al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La ‘paz total’, una de las estrategias gubernamentales, ha buscado la desarticulación de estos grupos delictivos y la calma de las zonas más afectadas por el conflicto. Sin embargo, estos grupos armados ilegales se han aprovechado de la oferta de diálogo, continuando con actividades criminales como secuestros, asesinatos y el comercio de drogas en áreas donde el Estado muestra debilidad.
La Segunda Marquetalia ha vuelto al escenario público, solicitando diálogo con el Gobierno y enfocándose en el reconocimiento político. A pesar de que el Ejecutivo ha tendido la mano a estos grupos, incluso después de que traicionaran el acuerdo de paz de La Habana, son los criminales quienes exigen condiciones para abogar por la paz.
En un comunicado, el grupo se autodefine como una “guerrilla de elevadas calidades políticas” y exige un espacio de negociación con el Gobierno, defendiendo su carácter político y el derecho a ser reconocidos como actores políticos legítimos. Aunque esta declaración ha generado controversia, el grupo insiste en que su estatus político no debe ser objeto de debate.
“Lamentablemente, alguien desde el Gobierno prefirió escuchar la intriga santista, de que habiendo participado ya en un proceso de paz no podíamos participar en un nuevo emprendimiento, se le ocurrió calificarnos, contra toda evidencia, y sin tener en cuenta las causas de nuestro retorno a las armas, como estructura criminal de alto impacto”, indica el comunicado.
Además, plantean la necesidad de corregir el cese al fuego bilateral que expiró en junio, considerándolo un prerrequisito para volver a hablar de paz. Afirman que la corrección del decreto 2660, promulgado hace 8 meses, es esencial para contribuir a la “construcción de la paz total”.
“Queremos decir al Gobierno Petro que luego de 8 meses de promulgar el decreto 2660, esperamos su corrección para contribuir con nuestra experiencia a la construcción de la paz total”, señala el grupo en un comunicado.
Esta postura sugiere que la Segunda Marquetalia no planea someterse a la justicia y busca obtener ventajas similares a las de otros grupos políticos, como el Partido Comunes y los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz en 2016.
“No puede ser eso una guerrilla de elevadas calidades políticas como las Farc-EP Segunda Marquetalia, cuyo carácter está nítidamente expuesto en el manifiesto del lanzamiento de la nueva guerrilla inspirada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, y del legendario Manuel Marulanda Vélez”, enfatizan.
Aunque el comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha mantenido conversaciones con representantes del grupo, es evidente que, a pesar de sus afirmaciones de búsqueda de paz, continúan su actividad delictiva, sembrando temor entre la población.
No obstante, existe una preocupación adicional: el Gobierno de Petro aún no ha presentado una iniciativa para establecer un marco legal que determine el estatus político de estos grupos criminales y defina el proceso de sometimiento. Este tema deberá pasar por el Congreso, luego del fracaso de la ley de sometimiento en la legislatura anterior. En última instancia, la tensión entre el deseo de paz y las demandas de estos grupos delictivos sigue siendo un desafío delicado en Colombia.