El senador Esteban Quintero hizo un contundente llamado al Gobierno nacional: “Este gobierno nos está acostumbrando a los colombianos a normalizar lo indebido”, esto frente a la ausencia de la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, quien estaba citada al debate de control político el día de hoy en esta célula legislativa.
“Es lo que hace este gobierno, normalizar lo indebido y las malas conductas y nosotros los colombianos debemos tener mucho cuidado con eso, es ahí donde las malas noticias se nos vuelven paisaje, donde todos los escándalos que tiene este gobierno ya no nos interesa porque siempre hay uno nuevo”, refutó Quintero.
El senador hizo un llamado a los colombianos de movilizarse en las calles y “hacer lo que tiene que hacer”. Asimismo, Quintero expresó que desde el Congreso de la República se debe seguir realizando el respectivo llamado y dejando las constancias pertinentes como posición democrática.
“Esto es un debate contra una persona que es ilegítima en su cargo, que ni siquiera se encuentra en la comisión. A nosotros no nos vengan a decir que está esperando afuera a ver si los congresistas llegan, es que la citación es a las nueve de la mañana y tiene que estar a esa hora”, resaltó Quintero cuando hizo referencia a Laura Sarabia.
“Aquí hay congresista de oposición, no todos somos del Gobierno, y ella no está, presidente, yo creo que usted debería levantar la sesión”, recalcó.
Por último, Quintero refutó: “Es un debate legítimo contra una persona que no merece estar en ese cargo. Y además de eso, no está y no cumplió con su deber de presentarse a la Comisión Sexta del Senado”.
Por chuzadas a Marelbys Meza, envían a la cárcel a tres policías
Luego de que el 31 de agosto fueran capturados seis uniformados y un civil por, presuntamente, alterar informes para interceptar las comunicaciones de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, este lunes se conoció otra trascendental decisión judicial.
La juez tercera de control de garantías de Bogotá, que desde hace más de una semana adelanta audiencias reservadas por solicitud de la fiscal Cindy Hernández, ordenó otorgar medida de aseguramiento privativa de la libertad a tres uniformados.
Se trata de Jhon Fredi Morales Cárdenas, Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y Carlos Andrés Loaiza Correa. La Fiscalía les imputó cargos por presuntamente haber mentido y alterado informes para que la Fiscalía ordenase la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia.
En el proceso está vinculada la patrullera de la Policía Dana Alejandra Canizales. Inicialmente la jueza le impuso la misma medida de aseguramiento, pero su defensor presentó un recurso de reposición que la jueza resolvió a su favor, por lo que se ordenó la medida no privativa de la libertad.
La fiscal Hernández argumentó que para ellos cuatro la medida de aseguramiento en la cárcel es urgente y necesaria, pues existen “motivos graves que permiten inferir que los indiciados podrían ocultar o falsificar elementos de prueba, o inducir elementos de prueba o comportarse de forma desleal o reticente”.
Los cuatro uniformados fueron imputados el primero de septiembre por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones, aunque ninguno aceptó. La tesis de la Fiscalía es que Quinchanegua y Canizales alteraron la investigación que inició el 30 de enero con la denuncia del robo a la casa de la entonces jefa de gabinete de Presidencia, Laura Sarabia, mientras que Morales y Loaiza conocían las irregularidades y decidieron ocultarlas.
El resultado de la manipulación en el falso expediente fue que la fiscal que seguía el caso del robo ordenó interceptar las líneas telefónicas de Marelbys Meza, Fabiola Perea y otras personas. Marelbys y Fabiola fueron falsamente reseñadas como La Cocinera y La Madrina, supuestas integrantes del Clan del Golfo.
El subintendente de la Sijín Fredy Alexander Gómez y el civil informante Rafael Ricardo Santos también fueron enviados a la cárcel luego de presuntamente alterar informes para, además, interceptar a personas cercanas a Marelbys Meza. La fiscal del caso, Ángela Santana, argumentó que, como lo hicieron Quinchanegua y Canizales, entregaron falsos alias de falsos cabecillas a las autoridades en dos ocasiones distintas, en febrero y en junio de este año.
Según la investigación, en febrero de este año, el intendente Alfonso Quinchanegua, de la Sijín, y la patrullera de la Policía de Bogotá Dana Canizales le entregaron a la fiscal 101 de hurtos un informe en el que pedían interceptar las comunicaciones de varias personas, entre ellas, de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.
Esa solicitud llegó luego de que la misma fiscal 101 dijo que no existían motivos suficientes para realizar la intervención de los números telefónicos. Para corregir esa circunstancia, Quinchanegua y Canizales reforzaron su informe con un testimonio de una fuente informal que resultó ser Rafael Ricardo Santos.
*Con información de Colprensa.