Arranca una semana definitiva para el futuro de la reforma a la Salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, luego de que la semana pasada recibiera un salvavidas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que votó a favor de su discusión, tras rechazar su archivo.
La cita será este martes a las 9:00 de la mañana en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se espera que se inicie formalmente su discusión, con una ponencia que llegó a la corporación con 139 artículos, de los cuales 40 son nuevos.
Unos de los puntos principales que defenderá el Gobierno Nacional en medio de la discusión es que la plata de los colombianos, destinada para la salud, no pase por las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que con la reforma también cambiarían de nombre y se pasarían a llamar Gestoras de Salud y Vida, con un periodo de transición de dos años.
Otro tema por discutir, que ha generado polémica, es el artículo donde el Gobierno busca otorgarle facultades especiales al Presidente de la República, por un periodo de seis meses, para tener el poder de generar la contratación y condiciones laborales de médicos y enfermeras, tanto de entidades públicas como en hospitales privados.
La reforma también contempla la creación de servicios sociales complementarios para que los colombianos de más escasos recursos puedan acceder a servicios de salud en sus zonas de residencia, en el cual “el Gobierno determinará la forma en que se asumen los servicios sociales, su fuente para financiarlos y su cobertura poblacional y geográfica”, según el Ministerio de Salud.
Tampoco fue modificada la decisión de crear fondos regionales, los cuales auditarán las cuentas totales de salud y que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), sea quien controle los recursos recaudados en tema de salud nacional, la cual será similar a un banco de salud, dando paso a un sistema más público.
También hay cambios importantes para la Superintendencia de Salud, la cual tendría facultades como las de un juez, para resolver aquellos casos en los que un paciente esté en riesgo, delimitando también facultades para intervenir las EPS en proceso de liquidación o en quiebra.
Gremios representantes de las clínicas y hospitales han insistido que la idea de un tarifario único que cobre lo mismo por la atención, sin importar la región del país o el centro asistencial, sigue siendo un problema, así como cuestionamientos de quién pagará la deuda de los 14 billones de pesos que deben las EPS liquidadas.