La base fundamental del proyecto de reconciliación nacional del presidente Gustavo Petro, la paz total, quedó a un debate de convertirse en ley de la República, luego de que éste lunes el proyecto que prorroga la ley 418 o ley de orden público fue aprobado por las Comisiones Primeras del Congreso.

La discusión, que arrancó la semana pasada, tuvo hoy una sesión de más de 10 horas, en las cuales se discutió de manera amplia las normas con las cuales el gobierno Petro espera tener las bases jurídicas y legales para seguir adelante con los llamados diálogos regionales y procesos de paz como el del ELN y procesos de sometimiento con grupos armados ilegales.

La norma, a la que le falta su paso por las plenarias del Senado y la Cámara que será la otra semana, fue ampliamente discutida en temas como la facultad que se le da al gobierno para permitir que organizaciones de derechos humanos puedan servir para adelantar los diálogos regionales.

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De igual forma se discutió de forma profunda el tema de los consejeros regionales o específicos para esos diálogos, incluso en la sesión los ponentes del proyecto el senador Ariel Ávila y el representante Alirio Uribe, lograron un amplio entendimiento en varios temas con congresistas de la oposición, en especial del Centro Democrático, como la senadora Paloma Valencia, quien estuvo muy crítica a la mayoría de la ley.

Al respecto el senador Ávila sostuvo que “las comunidades negras de Tumaco, las comunidades indígenas del Cauca, los campesinos de Arauca, van agradecer esto porque hoy arranca este motor de la paz”.

Por su parte el ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que el gobierno Petro recibió hoy una enorme confianza y lo reciben con responsabilidad “por los instrumentos que nos entregan para la construcción de la paz total, es de lejos el proyecto tal vez más importante en la construcción de este concepto y modelo de paz que queremos impulsar desde el gobierno, por el cual voto mayoritariamente el pueblo colombiano”.

En la ley, de acuerdo a lo aprobado el gobierno ya no podrá permitir que en los llamados gabinetes de la paz (consejo de ministros sobre el tema de esas negociaciones) podrán asistir representantes de los grupos ilegales con los cuales se esté negociando, de la misma forma se ratifica que para los diálogos regionales puedan comenzar se suspenderán las órdenes de captura a los miembros negociadores de esos grupos que se sienten a hablar con el gobierno.

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Un aspecto más de la futura ley de la paz total de Petro son la creación de las regiones de paz en municipios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales han sido en lo corrido de los años los más afectados por la violencia, con el fin de priorizar inversión y crear el servicio social. Al respecto ese servicio social, aprobado la semana pasada, no será el desmonte del servicio militar obligatorio, sino que como lo señala el gobierno es una alternativa que complementa la consolidación de la paz en los territorios.

El exnegociador de paz con las Farc y hoy senador, Humberto de la Calle Lombana, acompañó el proyecto pero aseguró que dejaba algunas advertencias al gobierno para que tuviera en cuenta al momento de empezar a implementar las medidas que allí se autorizarán.

Para De la Calle se debe ser cuidadoso y contundente con quienes incumplieron los acuerdos. “El camino con Iván Márquez y las disidencias es la justicia ordinaria. Y si hay lugar para alivios deben ser tramitados por la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo.

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Indicó además que “ni paz armada, ni armisticio. Se debe exigir el desarme para acceder a beneficios. El ELN debe demostrar voluntad de desmovilización, colaboración con la justicia y reincorporación en la vida civil”, a lo cual lo complementó que no deben haber acuerdos parciales, “esto puede ocasionar una falta de coordinación y cohesión en el acuerdo en su generalidad”.

El ministro Prada en un resumen de lo aprobado aseguró que la norma define el concepto de seguridad humana, “se incorporan elementos como la vinculación de los acuerdos a los planes de desarrollo, se vincula el concepto de los comisionados de paz regionales, las regiones de paz, las posibilidades de lograr acuerdos de paz que se vayan logrando tanto a nivel regional como nacional y creamos el gabinete de paz”.

Un aspecto que destacó es el marco que le permitirá al gobierno Petro acercarse al diálogo de las organizaciones criminales de alto impacto, las cuales se definen en la ley y se fija el camino por el que se debe transitar.