La exsenadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, ha sido citada por la Corte Suprema de Justicia para comparecer el próximo 28 de julio debido a su presunta participación en la denominada “farcpolítica”. La magistrada Cristina Lombana, a cargo de la investigación en el alto tribunal, fue quien hizo la citación.
La Corte rechazó una recusación presentada por la abogada de la congresista, Ximena Castilla, contra la magistrada Lombana, alegando falta de imparcialidad debido a su supuesta “mentalidad militar”.
Entre las pruebas que posee la Corte, se encuentra el testimonio de Andrés Vásquez, exasesor de Córdoba, quien ha afirmado que la exsenadora utilizó la mediación y liberación de secuestrados con fines políticos, incluyendo el caso de Ingrid Betancourt, liberada en 2008 durante la Operación Jaque. La investigación también se enfoca en los acuerdos humanitarios que Córdoba hizo con las FARC, apoyados por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, para la entrega de secuestrados. Vásquez también menciona que Córdoba era conocida como alias Teodora, nombre presente en correos y documentos obtenidos del computador de Raúl Reyes.
“Es cierto que se estableció, desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes, una comunicación con él directa o de manera indirecta entre ella y él. Y yo escuché a Piedad no solo decírmelo a mí, sino decírselo en ese momento al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro”, afirmó Vásquez en febrero del año pasado.
Cuando se desató el escándalo por los computadores de Raúl Reyes, Córdoba negó cualquier vínculo con las FARC, más allá de los acuerdos humanitarios que negociaba.
Desde diciembre de 2020, la Corte solicitó información bancaria de Piedad Córdoba, su exmarido, su hija, sus hijos y sus hermanos a diversas entidades bancarias. También se pidió información tributaria a la DIAN sobre la exsenadora y su familia, y se requirió un informe a las centrales de riesgo gestionadas por Asobancaria.
Recientes escándalos que vinculan a Piedad Córdoba
El 19 de enero de este año, Álvaro Córdoba, hermano de la exsenadora, fue extraditado a Estados Unidos. El procedimiento comenzó temprano en la mañana, cuando Córdoba y los demás detenidos fueron entregados por el Inpec a las fuerzas especiales para ser trasladados al aeropuerto El Dorado, donde los esperaba un avión de la DEA.
La Corte Suprema de Justicia aprobó la solicitud de extradición de Córdoba por parte de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos en su contra en ese país están relacionados con tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir. Sin embargo, la extradición fue avalada únicamente por el primer delito.
La investigación que llevó a la extradición de Córdoba lo vincula con una supuesta organización criminal involucrada en el tráfico de drogas entre Colombia, México y Estados Unidos, junto a personas como Alberto Alonso Jaramillo, alias Alonso Héctor, y Libia Amanda Palacio.
Dentro de las pruebas presentadas en la investigación se encuentra una declaración jurada del agente especial de la DEA, Mathew Passmore, que revela detalles sobre el negocio y una posible relación con disidencias de las FARC. Esta declaración se encuentra en el documento que respaldó la extradición de Córdoba.
Es importante recordar también que el año pasado, el Instituto Nacional de Migración de Honduras informó que la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue liberada tras ser retenida por poseer cerca de 68.000 dólares estadounidenses no declarados, los cuales serán confiscados por ese país.
Durante su retención, a pesar de que la congresista afirmó a medios colombianos que el dinero que llevaba era parte de un pago por una asesoría con un grupo “importante”, presumiblemente colombiano, las diferentes versiones proporcionadas en territorio centroamericano han generado sospechas.
Según el diario hondureño El Heraldo, Córdoba entregó tres versiones distintas a las autoridades, lo que ha despertado la inquietud de los fiscales y no se descarta la posibilidad de una investigación por lavado de activos.
El medio señaló que, en una de las versiones, Córdoba afirmó que el dinero pertenecía a un empresario colombiano residente en Tegucigalpa; en otra, afirmó que no sabía que llevaba el dinero; y en la tercera, declaró que era el pago de una consultoría.