Por Argemiro Piñeros / Colprensa
“Todos los nuevos mandatarios tienen la misma disposición, no hay uno solo que tenga una voz disonante en contra del presidente Gustavo Petro en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en garantizar una política de paz en este país”.
Así analiza el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, la relación de los alcaldes y gobernadores entrantes con el Gobierno Nacional, pese a que se ha advertido que varios de ellos no pertenecen al círculo político del jefe de Estado y podría presentarse discusiones con la solicitud de apoyo.
En el balance entregado por Tavera, resalta la labor de los mandatarios salientes, quienes tuvieron que enfrentar la pandemia por Covid 19, el estallido social y la ola invernal que retrasaron los proyectos.
Muy optimista para este año, el director habla de lo que viene, dejando atrás esas voces que abrieron hace unos meses un gran distanciamiento entre los gobernadores y la Casa de Nariño.
¿Cómo ve la relación entre el Gobierno y los nuevos mandatarios?
El 29 de octubre se eligieron los 32 gobernadores en un proceso democrático, en unas elecciones con garantías y el Presidente así lo reconoció. Ahora hay un gran reto, poner en marcha el Plan Nacional de Desarrollo y para ello necesita un brazo ejecutor que son las entidades territoriales, los gobernadores. Estamos con el mejor ánimo, la mejor voluntad porque en las reuniones que se han dado con los grupos de gobernadores se ha dejado el mismo mensaje, una Colombia unida. Todos tiene la misma disposición, no hay uno solo que tenga una voz disonante en contra del Jefe de Estado en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en garantizar una política de paz y de restablecer el orden público, que es la problemática que a diario aqueja a cada uno de los colombianos. Vamos a ver a unos mandatarios colaboradores con el Gobierno Nacional pero a la vez tendrán una voz crítica en lo que consideren que vaya mal.
¿Le preocupa algo con los nuevos gobernadores?
Tienen que establecerse unos compromisos en los que debe verse mejorado el orden público con las entidades territoriales. Solo así se podrá recuperar la confianza, que es lo más importante, por eso todos debemos apostarle a este proceso.
¿Cómo queda el orden público con los mandatarios que salieron?
El estallido social fue un momento muy difícil. Recordarán los hechos de Cali, en Bogotá, fue una gran apuesta, pero hay que ser muy claros y es que no hay un solo colombiano que no quiera la paz. Dentro de ese anhelo y ese sueño, pues siempre se ha tenido un poco de permisividad con los grupos al margen de la ley para que dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, a la sociedad, dentro de unos parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, y en eso es donde los gobernadores levantaron la voz.
Para este año se quiere la paz, pero tiene que haber unas plenas garantías. Ustedes han visto como han aumentado las extorsiones y el secuestro durante más de un año. Son situaciones territoriales y nadie conoce más su región que un alcalde, un gobernador y los líderes sociales y en este escenario los mandatarios siguen apostando a la paz. Nosotros seguimos haciendo ese llamado a que ya no hay ninguna justificación para creer que a través de las armas se puede llegar al poder. Tenemos un presidente electo después de un proceso de desmovilización, electo como alcalde y como congresista en procesos democráticos con plenas garantías, así es que no hay ningún motivo ni justificación para que se empuñen armas.
¿Cree que la pandemia afectó mucho la ejecución de proyectos?
Definitivamente, esos gobiernos tiene un hito en la historia del país y, como para muchos mandatarios en el mundo, fue una pandemia que nadie esperaba, que empezó a vislumbrar los primeros hechos en Colombia en febrero de 2020 y ya en marzo estábamos confinados. Esto definitivamente retrasó la ejecución y la planeación que, aunque pudieron haberla adelantado, el contacto con la gente, la gobernanza y la gobernabilidad se vieron afectadas.
Afortunadamente, en el remate se hizo un plan de reactivación económica para el 2022 y en el 2021 se hicieron los trabajos de consolidación en las regiones. El Gobierno Nacional dispuso recursos para que no se afectaran los planes de desarrollo territoriales, pero esto también se condicionó por una problemática social que fue detonada por el estallido social, que también afectó en grandes proporciones la economía, la movilidad y la gobernabilidad. Así que fueron puestos a prueba estos mandatarios.
¿Qué más deterioró la gobernabilidad en ese periodo?
Recordarán que se presentó una ola invernal fuerte que afectó la infraestructura vial, pues esto puso a prueba también la capacidad de los mandatarios. Un reto más fueron los planes de reactivación económica y pues vino el periodo electoral, que tuvo un cambio en el modelo político del país y tuvieron nuevamente el reto de acoplarse a un nuevo gobierno y a un nuevo Plan de Desarrollo, así que los gobernadores tuvieron retos enormes.
¿Cómo cree que sortearon la reforma tributaria los gobernantes?
Cuando llegué a la Federación estaba en trámite la reforma de las regalías, en la cual se eliminaron los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Ocad. El 60 % tenía una viabilidad territorial, pero el 40 % estaba condicionado a una secretaría técnica y allí empezaron a verse un poco truncadas las autonomías territoriales en cada reforma, porque los recursos son centralizados, nacionales. Cada iniciativa de estas que se hace va asfixiando aún más el aparato productivo y no les permite a las entidades de las regiones avanzar en mejorar sus ingresos, que llevan 200 años con las mismas cantidades fiscales y nada ha mejorado. Por el contrario, desde el 97 hasta ahora, han sufrido un deterioro en lo que antes se denominaba el situado fiscal que recibían las entidades territoriales que era cerca del 43 %, hoy reciben el 21 % y esto las afecta porque se necesita un espacio fiscal territorial. Eso quiere decir que sí hay una necesidad en que se redireccionen unos recursos frescos para ellas.