La novela al interior de la Cancillería por la licitación de pasaportes está lejos de terminarse, así lo demostró nuevamente el destituido secretario general de esa cartera José Antonio Salazar, luego de asegurar a medios de comunicación que el ministro (e), Luis Gilberto Murillo, está inhabilitado para ejercer cargos públicos, y que él no fue notificado antes del 26 de febrero sobre su salida del cargo.
“El ministro (e) Luis Gilberto Murillo no es abogado, es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público, porque está condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado”, dijo Salazar.
De acuerdo con él, Murillo no tiene competencias para revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación, expedido por su superior jerárquico de ese entonces, el canciller Álvaro Leyva: “de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución nacional, el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”.
Además, indicó: “Justifico plenamente sus declaraciones equivocadas, erradas, porque él es un ingeniero de Minas”.
Asimismo, manifestó que él sí tuvo las facultades para adjudicar el millonario contrato sobre pasaportes a Thomas Greg & Sons, porque “el ministro Murillo me restableció las funciones del Fondo Rotatorio”.
“Él me restableció en esa representación legal y además me reforzó, por emplear un término, las funciones que me delegó con la resolución 1344. Él dijo que esa resolución también incluía la capacidad de resolver todos los temas jurídicos, administrativos y contractuales relacionados con ese contrato específico”, señaló Salazar.
Y explicó: “Murillo no solo me restableció en la representación del fondo, sino que me remachó y eso es un hecho real que está escrito, por eso es que yo he insistido tanto en que los conocedores del derecho y las academias deben ayudarme en esto”.
Las aseveraciones de Salazar se dan luego de que el Canciller (e) asegurara que el exsecretario “no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, quien declaró desierto el anterior proceso licitatorio. El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a mis instrucciones”.
Además, indicó que el exfuncionario, que fue removido de su cargo como secretario general de la Cancillería este lunes 26 de febrero, desde el pasado jueves 22 de febrero, ya sabía de su retiro, palabras que también fueron desmentidas por Salazar, al anotar que no tenía conocimiento de que iba a ser apartado.