Gustavo Petro terminó el primer semestre del 2023 con parte de su capital político escurriéndose de entre sus dedos como arena, y aunque logró anotarse un punto a favor con la marcha que lideró desde la Casa de Nariño en junio, la respuesta de la oposición en las calles, pocos días después fue, incluso, más contundente.
En medio de este escenario, el Presidente le apostó a oficializar el nuevo Ministerio de la Igualdad, encabezado por Francia Márquez.
Observadores de la realidad política coinciden en que en el diseño de la nueva cartera, que tiene como objetivo fundamental abordar y combatir las desigualdades económicas, políticas y sociales en el país, hubo excesos.
Va a contar con 700 nuevos puestos de trabajo y se va a subdividir en cinco viceministerios: Juventud, Mujeres, Pueblos Étnicos y Campesinos, Diversidades, Poblaciones y Territorios Excluidos, y Superación de la Pobreza.
Frente a esto, voces como las del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien hizo parte del Gobierno, mostraron que hay desbordamiento en el presupuesto y el tamaño.
Las críticas de Ocampo se sustentan en hechos como que solamente la nómina representará un grueso rubro para el fisco nacional.
Por ejemplo, el organismo contará con cinco viceministros cuyo salario es de $13.438.925 cada uno. Además, cada uno cuenta con un asesor grado 12 que devenga $9.360.615. Las Direcciones, oficinas y comités internos tendrán 706 personas en planta con una nómina de $3519 millones.
El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa ha venido señalando que el nuevo Ministerio duplica funciones que el Gobierno ya asignó.
Explicó que en 2022 se expidió el Conpes que establece como objeto “generar las condiciones que le permitan al país avanzar hacia la equidad de género y a la garantía de derechos, económicos, sociales, culturales, de participación y de salud de las mujeres, así como la posibilidad de vivir una vida libre de violencia de género con un horizonte hasta el 2030″.
Motoa aseguró que el Jefe de Estado “expidió el decreto 1874 donde asigna funciones a la Vicepresidenta como coordinar institucionalmente políticas públicas para garantizar el derecho a la igualdad, principios de no discriminación y más funciones. Si ya se han asignado estas funciones, por qué crear ahora una estructura burocrática, innecesaria e inconveniente como el Ministerio de la Igualdad”.
“Estamos duplicando funciones de otros órganos, ministerios y entidades, por ejemplo el del Interior, que tiene el viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, hay duplicidad de funciones, o el Ministerio de Trabajo que tiene el grupo de trabajo para las víctimas y la equidad laboral con enfoque de género”, concluyó.
Algunos analistas políticos creen que existe una relación directa entre la entrada en funciones del MinIgualdad y la coyuntura política que enfrenta Petro, pero hacen hincapié en que todo se está haciendo dentro del marco normativo y constitucional del Estado y que todavía es pronto para determinar cuál será el impacto real en los ejes sobre los que se sostiene.
Para Carlos Charry, director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, “es importante destacar que el Presidente no está llevando a cabo acciones ilegales ni excediendo sus competencias constitucionales al redistribuir los ministerios o crear nuevos. La decisión de concentrar las políticas de igualdad y antidiscriminación en una cartera específica puede ser considerada como una estrategia innovadora”.
Añade que “los efectos de esta medida dependerán del enfoque y la implementación que se les dé. Hay algo que sí puede suceder y es que al focalizar toda la atención en un Ministerio, otros organismos puedan descuidar o disminuir sus esfuerzos, lo que sería contraproducente”.
El docente señala que las posibilidades de que el nuevo organismo a cargo de Francia Márquez se convierta en un fortín burocrático son altas.
“Existe un riesgo inherente de que cualquier Ministerio pueda volverse burocrático y estar sujeto a prácticas de asignación de cargos sin la experiencia o criterios adecuados. En buena medida, el papel de los partidos y los políticos es una competencia por el control burocrático”, observa Charry.
Y continúa: “La pregunta que resulta de la creación de ese Ministerio está justificada en políticas de Estado que permitan su prolongación en el tiempo, y que no se vuelva una cuestión del gobierno de turno, porque se corren riesgos de que haya procesos de clientelismo y cierta rapiña burocrática, dado que muchos funcionarios pueden llegar a cumplir labores específicas y de corto tiempo, ya que la siguiente Administración podría eliminar la cartera”.
Por su parte, Carlos Andrés Arias, gerente de comunicación pública y política en la firma consultora Estrategia & Poder, considera que la justificación para crear el organismo es válida y aunque cree que algunas de sus funciones podrían ser asumidas por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el hecho de que su dirección le haya sido entregada a Cielo Rusinque, una petrista ‘purasangre’ que no tiene experiencia en el manejo de esas políticas, dejó sin sustento técnico a la entidad, por lo que resultó mejor idea crear un Ministerio.
Arias sostiene que Petro logró tres puntos a su favor, cuando firmó el decreto de creación del MinIgualdad. “Primero, le permite cumplir su promesa de campaña, ese nombramiento equilibra su imagen pública y satisface tanto a su vicepresidenta como a una parte significativa de los electores que estaban indecisos a la hora de votar, pero decidieron apoyarlo debido a la presencia de Márquez como su compañera de fórmula”.
“Segundo, la posibilidad de distribuir cargos y burocracia facilita la conformación de una nueva coalición de gobierno. En este momento político es crucial contar con el apoyo del Congreso para aprobar las reformas. Tercero, le proporciona a Petro una plataforma para que sus reformas tengan mayor viabilidad y visibilidad ante la opinión pública, esto no solo beneficia su imagen pública, sino que lo ayuda a hacer contrapeso a la oposición en el Congreso”, agregó el analista.
Por otro lado, hay quienes señalan que el establecimiento del MinIgualdad tendrá un efecto directo en las elecciones regionales de octubre, en las que los observadores de la realidad electoral anticipan que Petro y el Pacto Histórico van a sufrir un fuerte revés.
Lo cierto es que con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías no se podrán hacer contrataciones, pero los expertos consideran que habrá mayor énfasis en la labor del nuevo Ministerio en regiones en donde el petrismo tiene más fuerza, con la intención de mover la balanza a favor de los candidatos del Pacto Histórico.
Francia defiende su nuevo cargo
En medio de la polémica nacional por la entrada en funcionamiento del MinIgualdad, la Vicepresidenta defendió la cartera y la estructura con la que se diseñó.
“Nos hemos pasado estos meses haciendo los estudios técnicos con Función Pública y con el Ministerio de Hacienda para definir cómo debería estructurarse y, desde la Presidencia, mirar las competencias en la reglamentación. Nos pasamos estos meses identificando la acciones que debemos tomar”, aseguró en una entrevista radial.
Agregó que: “No es gasto invertir en los derechos de las poblaciones, puesto que Colombia es un país que no está acostumbrado a cumplir los mandatos constitucionales”.
Desde el Congreso han rechazado esta determinación. El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa pidió que explicaran “por qué con los años de vigencia de la Carta Política, que tiene conceptos claros sobre igualdad material, formal y no discriminación, ahora sí en el Estado colombiano se va a cumplir el principio de igualdad por la simple creación de un Ministerio”.