El debate sobre la permanencia de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda está acaparando la opinión pública, debido a la denuncia de una exasesora sobre su conocimiento del acuerdo para la compra de votos relacionado con el entramado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
El sentimiento al que se suman diferentes sectores es que resulta inadecuado mantener en la Casa de Nariño a una persona que, posiblemente, hizo parte del escándalo en el que se desviaron recursos millonarios para sobornar a congresistas y conseguir la aprobación de reformas impulsadas por el Gobierno Nacional.
“Su continuidad socava la credibilidad del discurso anticorrupción del presidente Gustavo Petro y podría generar tensiones con el Congreso. Si bien no hay todavía decisiones judiciales, el ministro invierte cada vez más tiempo en defenderse, lo que termina desviando la atención de su gestión macroeconómica y legislativa”, indica el consultor Germán González.
Al respecto, la politóloga Nury Gómez comenta que este escándalo “corrobora una vez más que no existe un imaginario y un objetivo de país viable, responsable, inteligente y técnico; más bien enfatiza la improvisación, aprovechamiento y el ‘todo vale’ para alcanzar y mantener el poder en las elecciones 2026″.
Para ella, Bonilla debería abandonar su cargo, aunque menciona que el Mandatario posiblemente no prescinda de él, debido a que estaría perdiendo uno de sus fieles escuderos que no tiene aspiraciones políticas propias.
Por ello, advierte que su permanencia en el cargo podría generar consecuencias como “el incremento de la desconfianza internacional en inversiones nacionales, que ya han caído en los recientes años, y negociaciones soterradas para la aprobación de la nueva reforma tributaria, que acentuará la corrupción y dejará en evidencia a congresistas y al Gobierno en su afán de sacarla adelante”.
Además, indica que se podría generar un deterioro del recaudo tributario en la Dian, “obligando una alternativa de renovación”.
Coincidió con ella el analista González, quien indica que “aunque Petro defienda la gestión de su ministro, Bonilla podría ser uno de los opcionados para salir en un próximo ‘remezón’ de gabinete. Si las investigaciones avanzan, su permanencia es sensible porque la titularidad de la cartera de Hacienda manda señales a los mercados, pero además porque el país necesita enfocarse hacia una senda de reactivación económica en la que es clave la gestión del jefe de la cartera”.
También, ad portas de la campaña por la presidencia en 2026, menciona que este caso podría ser utilizado como ‘bandera’ por la oposición para cuestionar la ética gubernamental y posicionar la corrupción como uno de los temas de la contienda.
Coinciden las fuentes, además, en que se vendrán dos semanas de mucha desviación de la agenda del Gobierno.
En su defensa, el Jefe de Estado ha mencionado que Bonilla es “víctima de una trampa”, que es, según él, “la actitud extorsiva de miembros del parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres, sino simplemente, para pagar las deudas de Duque”.
Inician las citas ante la Corte
Ayer inició el paso de varios congresistas en la Corte Suprema de Justicia, quienes están implicados en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
La primera en pasar fue la representante Karen Astrith Manrique, que guardó silencio en la indagatoria. Su abogado Andrés Garzón explicó que su clienta no hablará hasta tanto el alto tribunal no le explique los motivos específicos por los que la investigan.
“Sin embargo, se dejó claro que en el momento que se conozca toda la imputación, la representante va a hacer su pronunciamiento en indagatoria”, añadió el defensor.
Agregó también, de manera sorpresiva y contrario a lo que se ha venido revelando en imputaciones sobre este entramado, que no hay contratos ni dineros perdidos.
Según la Corte, existen indicios de que parlamentarios habrían aprobado conceptos de crédito público con el compromiso de que proyectos específicos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar se beneficiarían con la asignación de recursos de esa entidad.
Los investigados son Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur y Julián Peinado, por su presunta participación en actos de cohecho impropio relacionados con la aprobación de operaciones de crédito en favor del Ministerio de Hacienda, a cambio de beneficios que se habrían materializado en contratos.
La investigación revela que se presentó una “organización criminal”, como la denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector de la Ungrd La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López ‘El pastuso’, quien dirige varias empresas involucradas en el escándalo.