El ministro de interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que el gobierno negociará con narcotraficantes, pero advirtió que no habrá reconocimiento de estatus político a las bandas criminales. Esto contradice al fiscal general, Francisco Barbosa, quien advierte que no permitirá una negociación con narcotraficantes.
Es más, en una de sus declaraciones, el fiscal comentó “deberíamos hacer un gran pacto en donde el Gobierno plantee de una vez por todas que ninguna norma que pase por el Congreso va a buscar el beneficio narcotraficante”.
Además, Barbosa expresó en una conversación en La W Radio que ”no es lo mismo negociar con el ELN que negociar con narcotraficantes, porque con el ELN podría negociarse si el presidente lo considera a la luz de su función constitucional derivada del artículo 189, pero con los narcos no se negocia”.
La polémica se ha intensificado, pues Salvatore Mancuso, el excomandante paramilitar de ultraderecha que se desmovilizó en 2006 en Colombia, pidió la colaboración de Venezuela para ubicar y recuperar más de 200 cuerpos de sus víctimas enterrados en el vecino país mientras él y sus hombres desarrollaban la guerra contra las guerrillas.
El narcotraficante encarcelado en Georgia, Estados Unidos, participó a través de videoconferencia en un encuentro entre el canciller colombiano, Álvaro Leyva, ONGs, familiares de víctimas y diplomáticos de Venezuela y otros países en una zona rural del departamento fronterizo de Norte de Santander, al noreste de Colombia.
“En territorio venezolano son más de 200 personas que hoy están desaparecidas por nosotros, las Autodefensas”, dijo el excomandante colombo-italiano, que desde 2008 está sentenciado a 15 años y ocho meses de prisión por narcotráfico en el país norteamericano.
Luego de su desmovilización en 2006 como parte de un acuerdo de paz con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), Mancuso, también conocido como alias “El Mono” fue entregado a las autoridades estadounidenses.
El exparamilitar denuncia constantemente maltratos y torturas para evitar que cuente la verdad sobre las relaciones entre importantes políticos y los paramilitares como las Autodefensas Unidad de Colombia.
Aunque el acuerdo de paz en el expresidente Uribe significaba un máximo de ocho años de cárcel en Colombia para los jefes paramilitares a cambio de su desarme y la confesión de crímenes, varios de ellos fueron extraditados sorpresivamente, entre ellos Mancuso.
El 9 de mayo, el exparamilitar de 58 años reconoció que presionó a sus hombres para que crearan hornos crematorios para incinerar los cuerpos de campesinos y rebeldes en Norte de Santander, además de enterrar a otros de ellos al otro lado del río que separa a Colombia de Venezuela.
“Aunque sigamos pagando” en la cárcel “la deuda con ustedes sigue vigente”, le dijo Mancuso a las familias de las víctimas que lo escuchaban y veían en una pantalla. “Me arrepiento con vergüenza profunda”, agregó.
También pidió al canciller Leyva lograr “un acuerdo bilateral con el gobierno venezolano” que permita a las autoridades y los mismos exparamilitares en libertad “ubicar, identificar y recuperar los restos de todas esas víctimas”.
Luego del evento el ministro recorrió junto a la prensa los hornos de ladrillos que usaban los paramilitares para desaparecer a sus víctimas, los cuales aún están en pie. Desde allí, aseguró que le dará “prioridad” al pedido de Mancuso y que buscará la manera de “llegar a unos protocolos para efectivamente buscar” los muertos en Venezuela.
En la lucha a sangre y fuego contra la insurgencia, las AUC sembraron terror con masacres y persiguieron a políticos, campesinos y líderes comunitarios que según ellos tenían nexos con organizaciones de izquierda.
Fuentes oficiales calculan que al menos 450.000 personas murieron en medio de los combates entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales.
*Con información de AFP