“La historia ha demostrado que no hay un interés real del ELN por hacer un acuerdo serio de largo plazo y que favorezca a todas las partes. Ese grupo siempre ha buscado dilatar los procesos, no es la primera vez, ni es el único gobierno con el que hay amenazas constantes sobre no realizar las negociaciones”.
Así analiza el politólogo Alejandro Echeverry el anuncio del ELN en el que indica que los diálogos de paz con el Gobierno entran en “fase de congelamiento”, a causa de “acciones violatorias” por parte del Estado a lo acordado en la mesa de negociaciones.
Según el grupo, la convocatoria del Gobernador de Nariño para un diálogo regional se lleva a cabo al margen del proceso nacional de Participación de la Sociedad acordado previamente. “Esta situación, que se veía venir, fue expuesta formalmente en la mesa por nuestra delegación, que, de seguir su curso, haría entrar en crisis el proceso al violar los acuerdos pactados”.
Al respecto, el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, señala que el anuncio de esa guerrilla “no es algo extraordinario, sino que era muy esperable por la forma en como está compuesto ese grupo, en el que cada frente toma decisiones de manera individual. Esa inestabilidad que le introduce ese factor al proceso de negociación se ha visto en estos 18 meses en donde se plantean ceses al fuego, pero a los dos días un sector del ELN declara paro armado en alguna región”.
Por ello, menciona que mantener una mesa de negociación donde no hay coherencia ni coordinación entre las partes es sumamente difícil, y recuerda que incluso varios miembros de los diferentes frentes han cuestionado las decisiones y posturas de algunos representantes de la organización.
Asimismo, Echeverry advierte que, pese a que se pudo haber pensado que la actual mesa sería más sencilla al desarrollarse con una administración liderada por un presidente progresista de izquierda, “lo que demuestra es que, más que un acuerdo de paz con dinámicas ideológicas, hay un diálogo en el que ambas partes deben ceder”.
“El Gobierno ha cedido lo suficiente dentro del marco de un proceso de negociación, pero el ELN no ha mostrado una real vocación de querer hacer un acuerdo o de sentarse a negociar. Se ha avanzado un poco en unos mínimos, pero no puede ser que cada dos meses hagan amenazas de retirarse”, añade.
“Esa es una fórmula ya utilizada en el pasado: pretender acuerdos, ceses al fuego y mesas de negociación como un mecanismo para restablecer líneas de suministros, reabastecer las tropas e intensificar las acciones de reclutamiento, entonces, si funcionó en el pasado, no hay razón para pensar que no pueda estar funcionando ahora y que se vaya a seguir dando en el futuro”, explica Jorge Yarce, analista político de la Universidad Central de Bogotá.
“No está siendo efectiva”
Para Charry, “la negociación grupo por grupo del Gobierno no está siendo efectiva y de alguna manera no se compadece con la realidad actual del conflicto armado colombiano, en donde la mayor cantidad de enfrentamientos violentos no se está dando entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones ilegales, sino entre los mismos grupos armados ilegales”.
Por ello, indica que se está viendo un incremento en el número de población desplazada, según oeneges internacionales y nacionales, así como en el número de comunidades que están confinadas, “porque el enfrentamiento violento entre esos grupos ilegales están haciendo que las poblaciones tengan que quedarse encerradas en sus territorios. Es por eso que el enfoque de una política de paz integral debe estar orientado hacia su protección”.
De otro lado, las fuentes coinciden en que esta pausa del proceso es una oportunidad para el Gobierno para que recomponga su estrategia de paz y se muestre un poco más fuerte en términos de estrategia militar y de presencia en los territorios.
“La Casa de Nariño debe establecer una hoja de ruta absolutamente clara. Hay distintos modelos de negociación, ya sea por etapas o el que señala que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’, pero bajo la modalidad que sea, debe haber un consenso entre las partes y hay que establecer los mecanismos de control y las consecuencias al incumplimiento de esos puntos”, indica el analista Yarce.
Finalmente, Echeverry asegura que, si bien es necesario que la discusión sea más amplia y se incluya el narcotráfico y la ilegalidad que genera el comercio y producción de droga, “la postura del Estado debe seguir siendo buscar la paz sin ir en contravía de la Constitución y sin disminuir la capacidad de reacción de las Fuerzas Militares”.