En un texto de 42 páginas, firmado por los representantes a la Cámara y ponentes de los partidos de oposición, Betsy Judith Pérez, de Cambio Radical y Juan Felipe Corzo del Centro Democrático, con fecha del pasado miércoles 31 de mayo, los congresistas piden archivar la reforma a la salud que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro que ya fue radicado para segundo debate en la plenaria de esa célula legislativa.
“En cumplimiento al encargo que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, nos permitimos rendir informe de ponencia NEGATIVO para segundo debate al proyecto de Ley 220 de 2023 Cámara “Por medio del cual se reforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, acumulado con los proyectos de ley 340, 341 y 344 de 2023 Cámara”, dice la solicitud de archivo.
Uno de los puntos que alegan los partidos de oposición, como ya lo han señalado en repetidas ocasiones en el pasado, es que la iniciativa de la Administración Petro, debe tramitarse como ley estatutaria y no como ordinaria: “Esta discusión jurídica radica en la necesidad de dar trámite a estos tipos de proyectos como leyes estatutarias que requieren contar con mayoría absoluta para su aprobación, la cual a su vez debe darse en una sola legislatura (ser aprobado en 4 debates). Igualmente, recordar que este tipo de proyectos tienen revisión previa por parte de la Corte Constitucional, mientras que un proyecto de ley ordinaria requiere mayoría simple y se tramita en dos legislaturas (cada legislatura va del 20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio)”.
Asimismo, el documento se refiere a la desaparición de las EPS, que, pese a que el Ejecutivo ha insistido en que no se verían afectadas por el momento, el texto del proyecto indica lo contrario. Al respecto, los representantes señalan que “las denominadas Gestora de Salud y Vida, no van a funcionar como las actuales EPS. Estas no contarán con capacidad funcional, ni financiera para hacer una adecuada gestión de los riesgos en salud y financieros del funcionamiento del sistema. Terminarán siendo unas facilitadoras o articuladoras, pero, además, esa articulación o facilitación, no será en cabeza de ellas directamente, si no, que será conjunta con centros de salud, entes territoriales y la nación para ciertas actividades”.
En ese sentido, se critica que, hasta el momento, pese a que la iniciativa fue radicada en febrero por quien era la ministra de Salud en ese entonces, Carolina Corcho, no se ha dado una respuesta concreta sobre qué pasará con el riesgo financiero en el que se encuentran las EPS. Además, el Gobierno solo ha sido reiterativo en que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, será el pagador único.
El texto menciona que “hasta el momento, ni el gobierno, ni los ponentes han podido aclarar quién va a asumir la responsabilidad en caso de que se agoten los recursos. Sobre todo, bajo el entendido, de que, los recursos se van a fragmentar en niveles de atención: básicos y complementarios, pero también, entre distintos niveles de la administración pública”.
Entre las irregularidades que podrían presentarse en la transición que propone la iniciativa del Gobierno, la oposición advierte que el nuevo modelo puede prestarse para que se facilite la corrupción: “Con la aparición de tantos nuevos actores, se diluyen las responsabilidades de cada uno. Hay una sorprendente y excesivamente aumentada concentración de funciones y recursos en cabeza de la Adres, los CAPS y las Secretarías de Salud. Sin que medien autorizaciones, con la existencia de auditorías delegadas a terceros, pago adelantado del 80 % de facturas por adelantado, y la ausencia de sistemas de información adecuados, el riesgo de corrupción es muy alto e inminente”.
Finalmente, condenan la desaparición de las EPS en el tiempo, alegando que si dejan de estar habilitadas para encargarse del aseguramiento de los pacientes, esta acción pasaría a ser función del Ministerio de Salud y esa conformación sería función de las secretarias territoriales, generando que “los trámites, procesos, procedimientos y acceso a los servicios más demorados, tediosos y complejos”.