Por Redacción de Colprensa
Un cruce de cuestionamientos entre la delegación del Gobierno Nacional y el ELN ha puesto a la deriva los diálogos de paz con esa guerrilla.
Los señalamientos por parte del grupo armado al Ejecutivo colombiano acerca de un supuesto juego sucio a la mesa de negociación fue el inicio de las molestias que fueron subiendo de tono hasta la suspensión de conversaciones a la que se llegó esta semana.
Casi de inmediato, la delegación del gobierno de Gustavo Petro le respondió al Ejército de Liberación Nacional que “es imperativo concentrar los trabajos de la mesa de diálogos en avanzar en el proceso de paz” y agregó que “se debe atender la grave situación que afrontan poblaciones como Arauca, Chocó y Nariño, siendo necesario abordar asuntos fundamentales como los derechos de las víctimas”.
Según León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, las partes involucradas en esta mesa de conversaciones “se ven mal si siguen como están, porque mucha gente en las regiones quiere negociar, y si el Gobierno empieza a buscar esas negociaciones regionales, pues el comando central del ELN va a enfrentar eso entrando la mesa nacional en crisis”.
De su lado, Jorge Mantilla, investigador del conflicto, sostiene que el tema pasa porque el Gobierno trata a esta guerrilla como un grupo nacional, cuando realmente es regional, al operar solo en algunos departamentos. “Lo que refleja esto es una realidad de que el ELN no es una organización de tipo nacional. Es decir, se concentra en unos 5 o 6 departamentos de un total de 22, particularmente con presencia en Arauca, Norte de Santander, sur del Cesar, La Guajira, y la otra parte está en el nordeste antioqueño, Córdoba y el Pacífico nariñense”, explica.
Justamente como una posible solución para destrabar esta situación entre las delegaciones del grupo subversivo y los representantes del presidente Petro, León Valencia propone que las conversaciones se hagan de forma regional “para solucionar y acelerar la negociación, y arrancaría por Arauca, el principal sitio del ELN”.
El director de Pares sostiene que si se llevaran los seis alcaldes, el Gobernador y cuatro parlamentarios que tiene Arauca, son once, y siete representantes de organizaciones sociales y empresariales, “ahí tendríamos una representación de Arauca, y que esa representación de 18 personas, para que vaya a la mesa con el Gobierno Nacional y la delegación del ELN, y tramiten un acuerdo de región”.
En su opinión, esa puede ser una solución a esas tensiones regionales, y “lo mismo pueden hacer en el Chocó, en el bajo Cauca, buscar las zonas claves del ELN y hacer una negociación de región”, explicó.
Por su parte, Mantilla recalca que el Ejecutivo colombiano está en un dilema entre dejar que esa guerrilla continúe manejando la mesa de diálogos o, por el contrario, que sus delegados tomen el control de la misma, “a partir de darle continuidad a las iniciativas que en su momento llamó diálogos regionales de paz, como el que se intentó en Nariño y que desembocó en esta crisis”.
Para este investigador, una de las opciones que podría tomar la administración Petro es mantener la mesa de diálogos con este grupo armado, pero “también utilizar la buena relación con el Gobierno de Venezuela para que presione al ELN a no levantarse ni congelar la mesa”.
Los expertos concuerdan en que las divisiones del Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Nariño y otras zonas del país dificultan los diálogos y los consensos, pero que el Gobierno deberá decidir qué camino tomar, puesto que, según varias versiones, este grupo armado no tiene afán de llegar a algún acuerdo de paz.
En el último ciclo, realizado en febrero en La Habana, las partes acordaron prorrogar por seis meses el cese al fuego bilateral y se citaron para continuar el proceso en Caracas.
Desde entonces, turbulencia: el ELN pateó la tregua con ‘paros armados’ en los que le ordenan a miles de personas encerrarse en sus casas, al igual que enfrentamientos con otros grupos armados ilegales. Esa última arremetida violenta fue calificada por el gobierno de Petro como una “deslealtad” de parte de la guerrilla que ya cumplió 50 años en diálogos de paz.