El gobierno de Gustavo Petro ordenó este viernes, 3 de mayo, una serie de medidas para hacerle frente a la corrupción, tras las acusaciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre el supuesto soborno a políticos en el marco del escándalo de los carrotanques de La Guajira.
De hecho, el mandatario de los colombianos ordenó investigar los hechos. Las medidas tendrían como “objetivo de identificar, documentar y enfrentar cualquier indicio de corrupción para posteriormente facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía General de la Nación”.
En ese orden se crearía una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos.
Este equipo estará presidido por una dependencia especializada y contará con la participación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y un grupo de auditores externos especializados en la materia.
Presidencia explicó que esta Mesa Técnica se encargará de que el Ejecutivo adopte un esquema de buenas prácticas de integridad corporativa, así como de asegurar procedimientos de verificación interna honestos y genuinos, con respuestas claras y categóricas frente a la corrupción.
“Se garantizará el cumplimiento de los más altos estándares éticos y la colaboración plena con las autoridades competentes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del gobierno”, precisó Casa de Nariño en un comunicado.
Esta mesa también establecerá una estrecha colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información con la finalidad de enfocarse especialmente en la identificación de capitales internacionales derivados de actos de corrupción.
De otra parte, el Gobierno ha solicitado la colaboración de otros órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para acompañar la iniciativa, pero también garantizar la independencia y competencia en la supervisión y control de las actuaciones gubernamentales.
A esto se suma el anuncio de la colaboración, desde su competencia, de la Agencia Nacional de Defensa Judicial, a lo que requiera la Fiscalía General de la Nación.
Aunque el comunicado no hace referencia directa a la Sandra Ortiz, consejera de las regiones, salpicada por este escándalo, se anunció que “nadie puede estar por encima de la ley” y que se reafirma el compromiso de “continuar trabajando incansablemente para fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública, en aras del bienestar y el progreso de Colombia”.
Sobre el caso en particular de la UNGRD, los presidentes de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y del Senado de la República, Iván Name, rechazaron las acusaciones y pidieron celeridad a la Fiscalía para investigar la presunta entrega de maletines con sumas de hasta $3.000 millones, producto de los contratos de los carrotanques de La Guajira.
Cabe recordar que la Fiscalía General citó a interrogatorio al exsubdirector de la UNGRD el próximo 8 de mayo, en una diligencia que tiene como objetivo esclarecer estos hechos; así como también fue citado por la Procuraduría.
*Con información de Colprensa.