En la madrugada de este viernes 5 de mayo, el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron el informe de conciliación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026″ del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Dentro del PND quedó aprobado un polémico artículo que había sido criticado y puesto en discusión por varios organismos de control como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Se trata del artículo 91 que busca favorecer la contratación con personas de la economía popular, el cual se le dio el visto bueno en ambas plenarias del Congreso.
El proyecto, el cual fue recibió 106 votos a favor y 26 en contra, se trata de la participación en contratación y las compras públicas mediante asociaciones públicas populares. Específicamente, plantea que las entidades estatales puedan empezar a celebrar directamente contratos de mínima cuantía, con entidades sin ánimo de lucro, como las juntas de acción comunal, la cual parte de la economía popular y comunitaria.
Durante la discusión en la plenaria, los parlamentarios llegaron al acuerdo de retirar del artículo la participación de personas naturales en estos procesos. Por otro lado, el artículo 91 también autoriza que, en emergencias y desastres, las entidades compren de manera directa productos agropecuarios de pequeños productores agrícolas.
El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió a defender el artículo delante de los congresistas que tenían reparos sobre este mismo. ”Hoy ya se pueden celebrar contratos, estamos ampliando lo que se puede hacer. Se sorprenderían si les digo que este artículo fue fruto de la Comisión Primera hace años con Germán Vargas Lleras”, indicó en la discusión.
“La Camara votó positivamente el art. 91 del PND, el cual fortalece la economía popular a través de las Asociaciones Público Populares. Para un país de cambio se debe avanzar en la Justicia Económica y Social en el territorio nacional”, dijo después en su cuenta de Twitter.
A pesar de su aprobación, varios senadores han señalado que este artículo puede abrir una puerta a una mayor corrupción y contratación a dedo.
“Esto puede ser un gran foco de corrupción y de compra de votos con los recursos públicos”, alertó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.
Por otro lado, el representante a la Cámara Christian Garcés fue otra voz en oposición al artículo. “El Gobierno va a poder contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro. ¿Quién va a controlarlo? Miles de millones de pesos van a estar repartidos por todo el país en ‘contratitos’ de 1.000 millones de pesos”, alertó el representante.
Otras figuras importantes ya habían tenido reparos con este artículo, el primero que lanzó la alerta fue el propio fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que “realizar excepciones sobre lo excepcional, como lo es la mínima cuantía, implica grandes dificultades para la investigación y el procesamiento de delitos asociados a la celebración indebida de contratos, como la violación del régimen legal.
De igual forma, resaltó que el artículo que permitiría a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– realizar procesos de contratación con personas de la economía popular sin necesidad de presentar el registro único de proponente (RUP) era “altamente preocupante”.
A esta alerta, se le sumo la de la procuradora Margarita Cabello quien manifestó en diálogo con El Tiempo que “sobre la idoneidad que se exige a los contratistas, por ejemplo, en materia de ejecución de infraestructura vial y acueductos, debe tenerse en cuenta que la Ley 842 de 2003 reglamenta la profesión de ingeniero y precisamente se requiere tal calidad para el ejercicio de estas actividades. Por otra parte, se estaría permitiendo contratar por el monto de la mínima cuantía de la entidad contratante, cualquiera que sea esta, sin consideración de la capacidad financiera que podría exigirse de la asociación público-popular”.
Otros artículos que fueron aprobados
Entre los puntos del Plan de Desarrollo que fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso sin ninguna novedad están algunos económicos y de facultades extraordinarias para el Presidente, como el 351, el 232, el 91 y el 326.
Por ejemplo, el polémico 351, piedra angular en la reforma a la salud, se aprobó tanto en Cámara como en Senado. Este autoriza a la Adres a hacer el giro directo de los recursos públicos a las IPS sin tener que pasar por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Otro es el artículo 326, que le permite al Presidente quedar con facultades extraordinarias para ‘salvar’ el Hospital San Juan de Dios. Este no es un tema nuevo, pues desde que fue alcalde de Bogotá, el Mandatario ha intentado intervenir el hospital para que vuelva a entrar en funcionamiento.