¿Y el cambio? esta es la pregunta se están haciendo muchos ciudadanos luego de que se filtrara que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), firmara un multimillonario contrato con la firma Plaza Mayor Medellín para la prestación de servicios logísticos en los eventos de la Presidencia de la República.

La firma de este contrato no solo generó controversia por la inversión prevista, sino por los intereses que habrían detrás de este millonario contrato.

Gustavo Petro Presidente de Colombia

El acuerdo firmado por el Dapre con la entidad de Antioquia tiene un valor de 3.645.932.114 millones de pesos, y se especifica que la empresa Plaza mayor de Medellín estará a cargo de la planificación y producción de los eventos en los que participe el presidente de la República, Gustavo Petro, por los próximo seis meses, hasta el 30 de abril del 2024.

Esta información, que generó gran revuelo entre la ciudadanía, fue revelada por Blu Radio, quien divulgó que el contrato interadministrativo 585-23 fue firmado por Luz Karime Fernández Castillo, en calidad de subdirectora general del Dapre y Víctor Hugo Zapata Madrigal, gerente general de Plaza Mayor de Medellín.

“El contratista se obliga con la entidad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de las actividades requeridas por el señor presidente de la República”, se puede leer en el documento.

Según el documento, los más de 3 mil millones invertidos en este contrato se invertirán de la siguiente manera: $1.848.604.854 serán destinados para la realización de eventos organizados en la Consejería Presidencial para las Regiones; $822.085.192 irán a la Jefatura de Despacho presidencial, para eventos; y los restante $945.242.068 irán al Área Administrativa, en su grupo de salones de Estado y casas privadas.

El presidente Petro deberá dar un giro a sus políticas de Estado y comprender que los colombianos le enviaron un mensaje contundente a través de las urnas. | Foto: GUILLERMO TORRES

En el documento también se puede observar que entre las obligaciones contractuales están mesas de trabajo con los alcaldes y gobernadores, además, se incluye el diálogo social en las regiones, que busca afianzar en estos territorios la presencia del gobierno de Petro.

El contratista también está en la obligación de organizar la logística para eventos en los que acuda el presidente Gustavo Petro a nivel internacional, además de los llamados Gobierno con el Cambio y Gobierno Escucha.

En el documento también se especificó que la firma Plaza Mayor Medellín debe estar dispuesta a organizar las llamadas “ollas comunitarias, en comunidades indígenas, afrodescendientes y demás grupos o territorios donde se requiera el servicio.

Este punto generó gran controversia en los partidos políticos de la oposición.

“Cuando se solicite la realización de una olla comunitaria, el contratista como gestor logístico y un delegado de la dependencia responsable como articulador, informará a los pueblos étnicos y campesinas, que presten este servicio, la responsabilidad de la correcta manipulación de alimentos, minimización de riesgos de intoxicación, entre otras afectaciones a la salud de los asistentes”, se especificó en el documento.

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto el pasado domingo en Bogotá. | Foto: AFP or licensors

Por último, también se detallaron los precios máximos que se deben pagar por artículos como botellas de agua y almuerzos, divididos en las categorías A y B, refrigerios que se categorizan en cuatro ítems, objetos destinados para los invitados y su comodidad, precios por utensilios y hasta el costo de los portátiles, entre otros productos y elementos.