Se conoció una nueva controversia en torno al nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en Roma, Italia.
Dicha controversia alcanzó un nuevo nivel de intensidad, con la negación de una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Esta demanda, presentada por los ciudadanos Julio César Yepes y Guillermo Villegas, cuestionaba no solo la legalidad del decreto que designó a Benedetti en su nuevo cargo, sino también su conocimiento y experiencia para desempeñar el papel diplomático ante una organización tan crucial como la FAO.
Ante la negación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a esta demanda, se abrió un gran debate sobre las características del embajador designado.
Los encargados de realizar la demanda, aseguran que fueron extrañas las circunstancias en las que se emitió el decreto, y adicionalmente, aseguran que Benedetti no cuenta con la experiencia y el conocimiento necesario para ocupar cargos relacionados a la agricultura y la alimentación, dos pilares principales para representar a Colombia ante la FAO.
Los demandantes sostuvieron que la permanencia de Benedetti en el cargo podría tener consecuencias negativas para el país, tanto en términos de la imagen internacional como en el cumplimiento efectivo de los objetivos y compromisos ante la organización.
Como pruebas que respaldan su demanda, Yepes y Villegas recolectaron declaraciones hechas por Benedetti, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que podrían poner en entredicho su integridad y capacidad para ejercer una función diplomática de alto nivel.
Así mismo, señalan una resolución de la Cancillería que evidencia una ausencia injustificada durante su periodo como embajador en Venezuela.
La demanda también evidencia el aspecto financiero del nombramiento, con la revelación de los costos asumidos por el Gobierno nacional en relación con el traslado y los viáticos de Benedetti en Roma.
Los demandantes detallaron que el costo total de los viáticos del embajador fue de más de 20.000 dólares, que corresponde a cerca de $80 millones, mientras que el transporte del menaje doméstico ascendió a más de USD12.000 dólares, unos $43 millones de pesos.
Frente a esto, los demandantes instaron al magistrado Lasso a reconsiderar su decisión de negar la suspensión del nombramiento, bajo el argumento de que la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.