Archivada quedó la investigación en contra del fiscal general, Francisco Barbosa, por las presuntas irregularidades en la contratación y el pago de empleadas domésticas en su vivienda con los recursos públicos.
Esta determinación la dio a conocer la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en las últimas horas, ya que los resultados de las pesquisas del caso indican que no se utilizaron recursos del Estado para el pago del personal doméstico en la vivienda del fiscal.
Cabe señalar que en el proceso se registró una votación de 14 a favor y 2 en contra, por lo que se decidió que no había suficiente material probatorio o ampliación de la denuncia para continuar con la investigación. Se conoció que los votos que estuvieron en contra fueron del Pacto Histórico, de los representantes Alejandro Ocampo y Alirio Uribe.
Entre los elementos que se tuvieron en cuenta están que “la prestación del servicio de aseo y cafetería no incluyen en ningún caso la prestación del servicio en la residencia del fiscal general de la Nación y, por lo tanto, esta supervisión no ha autorizado ningún pago con recursos públicos con este concepto”, citó en su momento la jefa del Departamento de Construcciones y Sedes de la Fiscalía, Sandra Méndez.
El auto emitido por la Comisión de Acusación también señaló que no se autorizó el pago con los recursos públicos. “Partiendo de que no se destinaron, es plausible concluir que no existe evidencia alguna que indique que, de manera irregular, se hayan destinado bienes para contrariar el normal funcionamiento de la administración pública”.
Sobre las empleadas, indicaron que ellas presuntamente decidieron trabajar por su cuenta con el fiscal y no había conocimiento de las actividades o servicios que ellos puedan realizar en su tiempo libre.
Es importante mencionar que, aunque el proceso fue archivado, se podría reabrir en caso tal de encontrar nuevos elementos probatorios.
¿Cuál fue la denuncia?
Desde la Red de Veedurías Ciudadanas, en cabeza del abogado Pablo Bustos, se había realizado la denuncia de que dos trabajadoras de servicios generales estarían prestando labores domésticas en la residencia del fiscal y estas estaban contratadas por la empresa Unión Temporal Soloaseo - Eminser, cuyo sueldo habría sido pagado con recursos públicos.
Según señalaba el documento que presentó la denuncia, las trabajadoras eran remuneradas por la compañía, contratos que alcanzaban los 6.300 millones de pesos.
En su momento, el portal de noticias Cambio dio a conocer esta denuncia en la que hablaron con fuentes cercanas al fiscal y mencionan que las mujeres estaban de tiempo completo trabajando en su vivienda.
“Nos quedamos estupefactos cuando un día nos informaron que estas dos niñas iban para la casa de él. Pensamos que iba a ser por una semana, pero no, era de tiempo completo. Eso desde que llegó, la misma semana, fue diciendo y haciendo. Inicialmente eran tres, luego quedaron dos porque a una la alternaban”, reveló en su momento una fuente, para el portal mencionado con anterioridad.
Además, agregaron que las trabajadoras no contaban con límites de horario, ya que si el fiscal tenía problemas en la casa se dirigía al búnker y todos tenían que estar bajo su servicio, puntualizó el medio de comunicación.
Sin embargo, hay que mencionar que la Comisión de Acusación mientras se realizaba la investigación correspondiente por estas denuncias, citó al veedor y abogado Pablo Bustos para que ampliara el proceso, pero este no se presentó. Las reuniones se habían programado para el 3 de marzo y 11 de mayo y en ninguna de las dos se contó con la presencia de este.
Esto dio cuenta para la Comisión que no habían más pruebas, más allá de las que se habían presentado en los medios de comunicación nacionales.