El presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un mensaje que relaciona a las familias de algunos exmandatarios de Colombia con las presuntas irregularidades al interior de la EPS Coosalud, manifestando que este ha sido un aspecto al que en realidad no se le ha dado mayor relevancia.
“Coosalud EPS es dirigida por familias presidenciales uribistas”, comentó el actual Jefe de Estado en su red social X
En uno de sus trinos, Petro señaló que esta es una investigación hecha por la Superintendencia que “comenzó alrededor de Coosalud EPS, que extrañamente una campaña de los medios de prensa confundían con una EPS intervenida del Gobierno, y a su asesor de apellido Urán, como si fuera un asesor del Gobierno, ha resultado ser una cloaca de la oligarquía”.
El Mandatario de los colombianos arremetió: “Los lazos de los dueños de los medios de comunicación con los representantes políticos de esa oligarquía. Pero no es calumniando el Gobierno como deben esconder este tipo de negociados. Ahora entiendo el por qué de tanto silencio ante la pérdida de 221.000 millones de pesos del erario, cuando sí hacen el mayor de los estruendos cuando se trata de un funcionario del Gobierno, porque me pueden golpear. A todos hay que perseguirlos, pero no silenciarse cuando se trata de la creptocracia oligárquica del país”.
Agregó que “el señor Urán no era un asesor del Gobierno, era una asesor de la empresa dirigida por sus amigos, y hermanos de los expresidentes y exvicepresidentes que han seguido las instrucciones en el Gobierno de los dueños de los medios”.
Presuntos manejos irregulares
Es de recordar que uno de los hallazgos más preocupantes señala que Coosalud EPS habría servido como garante de un crédito otorgado a Coosalud Inversa, una empresa privada, en diciembre de 2022. El préstamo, por $ 221.000 millones, fue incumplido recientemente, lo que derivó en el embargo de $ 206.000 millones de un fidecomiso de Coosalud EPS el pasado 20 de noviembre, dos días antes de la intervención.
El superintendente nacional de Salud, Giovanni Rubiano García, destacó que estos fondos corresponden a recursos públicos destinados a la salud, lo que podría constituir una violación legal grave. Además, señaló que ambas entidades compartían al mismo representante legal, Jaime González Montaño, hasta noviembre de 2024.