La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, advirtió que el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, no puede ser gestor de paz si no ha cumplido con sus deberes judiciales en Colombia y si le ha mentido a la Ley de Justicia y Paz.
“Él tiene hoy vigente un proceso de lavado de activos en la justicia ordinaria por hechos, presuntamente, ocurridos con posterioridad a su entrega de Justicia y Paz, y si ese proceso hace su camino, él tendría que ser castigado y excluido por incumplimiento de esos compromisos”, dijo la jefe del Ministerio Público.
Asimismo, la Procuradora alertó que el exjefe paramilitar tiene deudas con el Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca en donde tiene vigente una orden de captura y una solicitud de extradición que debe cumplir.
“Quién le puede creer a una persona que quiere ser gestor de paz si está eludiendo su responsabilidad en Colombia”, expresó la Procuradora al reiterar que tampoco se tiene claridad a qué grupo estaría representando Mancuso.
Igualmente, Cabello hizo énfasis en que “Mancuso tendría que cumplir con las deudas que tiene con la justicia ordinaria”.
Agregó: “más bien que vaya y diga la verdad en Justicia y Paz, que venga y cumpla sus investigaciones por lavado de activos y así podría dar la legitimidad para que lo pongan como gestor de paz”.
Entretanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló sobre el futuro de Salvatore Mancuso, conocido también por los alias del Mono Mancuso, una vez llegue al país.
“La designación como gestor de paz sí lo pone en libertad, pero no lo libera de los procesos judiciales pendientes en Colombia”, explicó.
Vale la pena mencionar que por medio de la resolución 244 de 2023, el presidente Gustavo Petro hizo oficial el nombramiento de Salvatore Mancuso Gómez como nuevo gestor de paz.
Según expresa el documento, esta designación tiene la finalidad que el exjefe paramilitar “contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos criminales que actúen en el territorio nacional”.
El documento deja claro que entre los beneficios para el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia será el pedido del gobierno a las autoridades competentes “la suspensión de las medidas judiciales vigentes en contra de Mancuso”.
Asimismo, Mancuso firmará un acta ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz donde se comprometerá a asistir a las diligencias judiciales en Colombia y a rendir informe sobre las actividades que desarrolle como gestor de paz.
“El incumplimiento de los compromisos adquiridos dará lugar a la revocatoria de la designación como gestor de paz y, en consecuencia, la reactivación de las medidas penales”, se determina en la resolución.
Con la firma de este documento por parte del presidente, se espera el trámite ante la justicia de los Estados Unidos para el traslado de Salvatore Mancuso a Colombia, luego de su nombramiento como gestor de paz y sus acuerdos con la JEP luego de varias audiencias donde dio más detalles sobre la relación entre las fuerzas armadas, actores políticos y los paramilitares.
Frente a esta designación, la politóloga Nury Astrid Gómez afirmó que: “Es impactante que a una persona que tiene 75 mil delitos imputados y procesos pendientes ante la ley, se le otorguen beneficios extraordinarios. Su disposición de “aportarles a sus víctimas” es tan solo un “podría” en un sinnúmero de solicitudes de familiares. Parece más bien un intento de flexibilizar la JEP para ser juzgado desde ahí -que le da oportunidad política- y no por la justicia ordinaria”.
Por otro lado, Cleiner Almanza, defensora de derechos humanos y desplazada de la vereda La Reforma en los Montes de María, en diálogo con Caracol Noticias resaltó que: “es un insulto para mí lo que él está haciendo, teniendo en cuenta que soy víctima de desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, tortura, tanto física como psicológica. Y fue por Mancuso o sus trabajadores”.