La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de establecer si existió tráfico de influencias en relación con unos contratos de prestación de servicios.
El Ministerio Público señaló que los contratos que hacen parte de la investigación corresponden a la “prestación de servicios profesionales suscritos con Regina Isabel López Burgos y José Ignacio Llinás Chica”.
En el caso de Regina Isabel López Burgos se conoció, a través de denuncias mediáticas, que suscribió un contrato de prestación de servicios por $144 millones, al parecer por recomendación de Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF).
Mientras que a José Ignacio Llinás Chica, hermano del director de la UIAF, se le otorgaron honorarios más altos que a López Burgos, también a través de contratos de prestación de servicios profesionales.
Con la apertura de la investigación disciplinaria, la Procuraduría General pretende dar cuenta si existieron o no estudios técnicos que avalarán esas contrataciones y conocer los informes de las actividades realizadas tanto por López Burgos como por Llinás Chica, respecto de sus encargos laborales.
“Con esta investigación disciplinaria la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de las conductas señaladas, determinar si constituyen falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de alguna causal de exclusión de la responsabilidad”, detalló el Ministerio Público.
Como se sabe, hay varias investigaciones en contra de López, quien la semana pasada acudió al búnker de la Fiscalía para declarar en medio del escándalo de corrupción por la compra de 80 carrotanques para La Guajira. Además, la Contraloría también adelanta un proceso al respecto.
Según la información que ha generado un huracán en la opinión pública, desde su despacho habrían salido supuestamente dineros públicos para pagar presuntas coimas a miembros del Congreso para apoyar las reformas del Gobierno.
Sneyder Pinilla, exdirectivo de la UNGRD y quien al igual que López han pedido un principio de oportunidad a la Fiscalía, señaló a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, como la “mensajera” del Gobierno en el supuesto entramado de corrupción.
De acuerdo con la versión de Pinilla, la exconsejera era la presunta encargada de entregarle $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones, al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para influir en la aprobación de las reformas del Gobierno en el Congreso.