Hace pocos minutos, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado de prensa, en el cual afirma que se abrió una investigación formal en contra Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué.
“La Procuraduría formuló cargos al alcalde de Ibagué, Tolima, Andrés Fabián Hurtado Barrera, por su presunta participación en política en los pasados comicios presidenciales, al hacer alusión al candidato por el que iba a votar”, dice el comunicado.
Esta decisión fue tomada por la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, quien señaló que el mandatario, a propósito de la jornada del pasado 13 de marzo de 2022, concedió un par de entrevistas a medios locales en las que afirmó que votaría por la consulta Equipo por Colombia.
De igual manera, Barrera Hurtado habría usado un juego de palabras para referirse al candidato por el que se inclinaba. Esto llevó a que el mandatario local “pudo vulnerar los principios de imparcialidad, legalidad y de favorabilidad, e incurrir en falta disciplinaria al aprovechar su cargo e investidura para participar en controversias de índole político”.
Asimismo, el Ministerio Público indicó que con sus declaraciones el alcalde de Ibagué pudo afectar el cumplimiento de sus deberes funcionales, por lo que de manera provisional calificó la supuesta conducta como falta grave a título de culpa gravísima.
Por el momento, Hurtado Barrera no se ha pronunciado al respecto.
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Las ‘perlas’ que descubrió la Contraloría General en los contratos del gobierno Ospina
Así lo explicó una fuente de la Contraloría a El País, al hacer alusión a contratos o convenios como el de la Secretaría de Gobierno y Corfecali para “fortalecer estrategias de información, educación y comunicación (IEC) que promuevan la implementación de la cultura de prevención y autocuidado en las nuevas normalidades”.
Otro de los proyectos llamativos de la alcaldía de Ospina fue “cualificar herramientas convencionales y alternativas para el agenciamiento de los proyectos estratégicos, la articulación institucional, la innovación pública y el diálogo abierto con las ciudadanías”. En este contrato se hizo un pago por más de $650 millones de un convenio entre la Secretaría de Gobierno y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte.
Así como estos dos ejemplos, en total son en total quince contratos y convenios interadministrativos que suman $58.258 millones.
“El valor más importante de ellos es por $34.000 millones, y tiene que ver con las obras de adecuación de la malla vial en gran parte de la ciudad, que no está cumpliendo las condiciones técnicas que se habían establecido; hay unos sobrecostos en algunos ítems ya demostrados y que dieron apertura de esos procesos y que hace parte de la respuesta de la Contraloría sobre manejos de recursos públicos en Cali”, afirmó el contralor general, Carlos Mario Zuluaga Pardo.
Asimismo, se advirtió que toda persona que llegue a una alcaldía o a la gobernación, tendrá los ojos de la contraloría encima para evitar desvíos de recursos.
“Desde el día uno que llegamos a la Contraloría como hasta el día cero en el que estamos hoy, hay una vigilancia permanente al Valle. Este departamento tiene que entender que todo el que se elija como alcalde, gobernador o sea gestor fiscal, tiene los ojos de la Contraloría porque el departamento del Valle se merece que todos los recursos que aquí se destinan y se invierten mejoren el bienestar de los habitantes de esta ciudad y este departamento”dijo el contralor, Carlos Mario Zuluaga Prado.
En varios de los casos examinados en el proceso de investigación, se descubrió que los contratistas de obra pagaron mayores valores por piezas que tenían un costo más alto que el del mercado.
Se incluye el acuerdo de $14.084 millones que la administración de Cali acordó con Cristian Camilo Moreno Herrera, primo de Jorge Iván Ospina, a través del Consorcio Bienestar Animal.