El representante a la Cámara, David Ricardo Racero Mayorga, será investigado tanto por la Procuraduría General de la Nación como por la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente haberle pedido dinero a personas que hicieron parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Por el lado del Ministerio Público, “la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información publicada en medios de comunicación, el parlamentario habría pedido a una de sus asesoras parte de los ingresos que devengaba en su momento”, indicó.
Asimismo, el ente buscará verificar si los hechos anunciados en los medios de comunicación son valederos para determinar si el representante cometió o no falta disciplinaria y así poder definir si es responsable a los señalamientos en su contra.
Antes de la notificación que hizo pública la Procuraduría General de la Nación, Racero Mayorga en su red social X, autorizó para que lo investiguen, en aras en demostrar que no tiene ninguna responsabilidad a los supuestos señalamientos.
“Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que Daniel Coronel publica en el día de hoy. Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad”.
Minutos después de la apertura de la confirmación de indagación en su contra, en su misma red social X, publicó una carta en el que “solicita comedidamente que, dentro del ámbito de sus competencias funcionales, se investigue mi proceder como Congresista al frente de la gestión de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), a mi asignada, no solo en lo relacionado con las personas y fechas relacionadas en la columna, sino durante todo el tiempo en que he tenido la calidad de Representante”.
En el mismo documento, solicitó al ente que si ha existido “alguna queja o investigación a mi nombre relacionada con los hechos narrados en el portal periodísticos mencionado”.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa de oficio por las mismas denuncias que recaen sobre el Representante a la Cámara por el Pacto.
El presidente de la Sala de Instrucción, magistrado Misael Fernando Rodríguez, tomó la decisión de abrir el proceso contra el congresista y ahora resta que se defina por sorteo quién será el togado de la misma Sala que avanzará en el caso. De momento, se analizarán las pruebas, y de encontrarse que son suficientes para abrir una investigación formal, esto será informado por el alto tribunal.