Durante los seis meses que han transcurrido del calendario electoral que se inició el 29 de octubre de 2022, se han registrado 67 hechos violentos que han dejado un saldo de 99 víctimas únicas.
Así lo denunció el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que da cuenta de que durante el periodo electoral día de por medio se ha registrado una víctima de esa clase de violencia, que principalmente corresponde a personas elegidas para cargos de elección popular, candidatos, militantes de partidos o funcionarios.
Según un documento de la entidad, del total de víctimas (99), 18 han sido asesinadas y entre los casos de mayor gravedad se encuentran los de “dos miembros del partido Comunes en el Valle del Cauca; el de un concejal y líder indígena en Caldono, Cauca, y el de un excandidato a la Alcaldía de Puerto Rondón, en Arauca, por el Centro Democrático”.
Además de “dos atentados en La Guajira, uno contra un diputado y candidato a la Alcaldía de Maicao, y otro contra un militante del partido Mais”.
Asimismo, de la totalidad de víctimas, 13 han sido atentadas y 68 han sido amenazadas.
En ese sentido, la Fundación Pares explica que entre los perfiles más victimizantes “han sido las personas elegidas por voto popular: 55 % (55 personas). Dentro de este segmento, los concejales siguen siendo los más afectados, con 23 víctimas (23 %). Les siguen 12 alcaldes (12 %), 4 diputados, 2 senadores, un edil, un representante a la Cámara, un gobernador, y la vicepresidenta Francia Márquez”.
El último hecho corresponde a una amenaza por correo electrónico que esta última habría denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y del cual ya se tiene su origen y responsable.
“Quien la amenazó se llama Fabián Idárraga Toro, habitante del departamento de Antioquia, quien fue ubicado e identificado, y aceptó la responsabilidad y ser el autor del mensaje amenazante”, dijo entonces el fiscal general, Francisco Barbosa.
Siguiendo la información suministrada por Pares, el segundo perfil más victimizado es el de los militantes de partidos políticos, que cuentan 27 víctimas (27 %), y los precandidatos, de los que, hasta lo que va del calendario electoral, se cuentan 11 (11 %).
Con respecto a los miembros de partidos políticos, el informe revela que “el aumento porcentual sobre el periodo anterior es del 237 %” y tiene que ver, principalmente, con un panfleto amenazante dirigido a varios militantes del Pacto Histórico en el departamento de Sucre.
Se refiere a un documento que empezó a circular en redes sociales durante marzo de este año y que se sumó a otros que aparecieron también por esos medios y que tenían los logos de organizaciones criminales como llamado Clan del Golfo.
Entre el 29 de octubre de 2022 y el 30 de abril de 2023, los hechos violentos fueron registrados en 21 de los 32 departamentos del país y en Bogotá.
Las acciones se concentran principalmente en Antioquia, Nariño, Santander, Huila, Valle del Cauca y Cauca. “En comparación con el estudio anterior, hay hechos registrados en tres departamentos nuevos: Chocó, La Guajira y Vichada”, señala Pares.
En ese sentido, la información documenta que las víctimas hacen parte de “Santander (21), Sucre (17), Antioquia (7), Huila (6), Nariño (6). Así como Cauca y Valle del Cauca, con 5 cada uno; Norte de Santander, con 4; Arauca, Atlántico, Bogotá y Bolívar con 3 cada uno; Caquetá, Chocó, La Guajira, Magdalena, Putumayo y Tolima con 2 víctimas cada uno, y, finalmente, Cesar, Córdoba, Risaralda y Vichada, con 1 cada uno”.
Por filiación política
De las 45 víctimas que tienen filiación política con declaración, según el Estatuto de Oposición, el 71 %, es decir, 32 de ellos, hacen parte de la coaliciones de Gobierno, tanto en lo local como en lo nacional.
Según los datos arrojados por la investigación de Pares, se registraron 32 víctimas pertenecientes a partidos de Gobierno, 7 de colectividades de la oposición y 6 de movimientos declarados como independientes.
Los individuos que “han sido más victimizadas son los que pertenecen a una coalición, que son 33. Les siguen los que pertenecen a movimientos significativos de ciudadanos, con 7. También quienes pertenecen al Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais, con 6, y al Partido Liberal, también con 6″, observa el estudio.
El documento revela que en el 65 % de los agentes perpetradores de este tipo de violencia son desconocidos y que del 35 % restante de los hechos “se identificaron como presuntos agentes perpetradores al Clan del Golfo, en ocho hechos; a las disidencias o grupos armados pos Farc en seis; a otro tipo de grupos o personas en seis, y al ELN en tres casos”.
En comparación con el informe anterior, que comprende del 29 octubre del 2022 al 28 febrero 2023, “el Clan del Golfo tuvo un aumento del 60 % como presunto agente perpetrador, las disidencias o grupos armados de las Farc del 20 % y el ELN en el 50 %”, señala Pares.