Estos son los pendientes de la Paz en la justicia transicional

“Hay víctimas que se están muriendo sin la indemnización”, “la Jurisdicción Especial para la Paz está cometiendo errores”, “la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas está trabajando con las uñas”.

Esas son algunas de las conclusiones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, a ocho años de su firma del Estado colombiano y las extintas Farc, que indica que los rezagos superan ampliamente los avances.

Así lo asegura Carolina Valera Rico, coordinadora del estudio de la FIP, quien subraya que uno de los principales obstáculos es la atención a las víctimas del conflicto armado, tema aún pendiente de solución en un país que lidera el récord mundial de personas afectadas registradas.

El contexto, recalcó, incluye no solo los casi diez millones de víctimas, sino también la dificultad de implementar la Ley 1448 de 2011 en un escenario de violencia persistente, con grupos armados y desafíos institucionales y presupuestales considerables.

Según la investigadora, “el solo reconocimiento del conflicto armado en la Ley de Víctimas es un avance significativo, pero aún estamos lejos de cumplir las expectativas generadas”.

Aunque se han logrado ciertos adelantos, como la creación de una instancia de evaluación para financiar la implementación de esa normatividad, Valera señala que falta mayor articulación de proyectos y objetivos entre las entidades responsables.

Mueren sin indemnización

Aunque el actual Gobierno Nacional busca indemnizar a 600.000 víctimas en cuatro años, cifra histórica en comparación con vigencias anteriores, el ritmo de reparación es insuficiente para atender las necesidades de más de siete millones de víctimas registradas, ya que este desarrollo apenas reduce el tiempo estimado para completar el proceso de indemnización a 50 años.

A su juicio, “las víctimas no pueden ser solo objeto de un proceso administrativo, de una indemnización que nunca será suficiente, deben ser protagonistas de su reparación en sus territorios, en su vida cotidiana”.

La insatisfacción entre los directamente afectados por el conflicto ha sido evidente. Los criterios de priorización empleados, aunque necesarios, han dejado fuera a muchos de ellos, lo que alimenta el descontento en comunidades que sienten que no fueron atendidas oportunamente.

“Hay víctimas que se están muriendo sin recibir la indemnización”, manifestó Valera, quien subrayó la urgencia de reconsiderar las estrategias actuales: “¿De qué sirve indemnizar a tantas víctimas, si eso no cambia las condiciones de vulnerabilidad?”.

Según el informe, a julio de 2024, el Registro Único de Víctimas (RUV) reunía 9.758.045 personas, de las cuales 7.661.300 eran sujetos de atención. Sin embargo, apenas el 17,3 %, es decir 1.325.542, han sido indemnizadas.

Trabajo con las uñas

Otro desafío señalado en el informe de la FIP es el limitado progreso de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Ubpd, que ha recuperado menos del 2 % de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en el país.

A pesar de la magnitud de la tarea, que involucra la desaparición de más de 111.000 personas, la Unidad enfrenta problemas graves de financiación y falta de recursos humanos y técnicos.

“Ellos están trabajando con las uñas”, asegura Valera y agrega que, incluso cuando se asignan recursos, no son suficientes, como lo demuestra el recorte de $ 11.000 millones al presupuesto inicial del 2024.

Además, manifiesta que la Ubpd tiene “cuellos de botella” importantes en su coordinación con otras entidades, como Medicina Legal y el Ministerio de Defensa, lo que limita la capacidad de avance de esta entidad, que es un “compromiso ético” que el país no puede eludir.

Cometiendo errores

Sobre la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, la coordinadora del estudio de la FIP destaca que la labor de esta no puede limitarse a replicar métodos de la justicia penal tradicional, ya que ello retrasa el cierre del conflicto y podría perjudicar la credibilidad del sistema.

Asimismo, cuestiona la demora en la definición de máximos responsables, indicando que ello dificulta el cumplimiento de su mandato como jurisdicción transicional.

“La JEP está cometiendo errores y puede generar una animadversión mayor sobre la implementación del Acuerdo de Paz de la que ya existe”, dice el informe, sugiriendo que los magistrados “se han cerrado al debate” y deberían “escuchar las voces de diversos sectores que, además, son amigos del Acuerdo”.

Agrega que en la designación de máximos responsables se han incluido personas sin mando en las estructuras organizacionales, lo que ha generado incertidumbre en el partido Comunes sobre los criterios aplicados por el tribunal de justicia transicional. Y que la falta de entrega de información completa por parte de la Fiscalía ha ralentizado procesos clave de la JEP.

Hasta el 30 de agosto de 2024, la Jurisdicción había acreditado 11.891 víctimas individuales y 507 sujetos colectivos. Además, había abierto 11 macrocasos y 14.346 personas habían suscrito actas de compromiso y sometimiento. En cuanto a los procedimientos, al 30 de junio pasado, la Secretaría Ejecutiva había recibido 238 solicitudes de certificación y había certificado 195 Toar (Términos de Acuerdo de Reparación) voluntarios y anticipados por parte de los comparecientes.