Este martes, el abogado Jaime Granados Peña, que defiende al expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró que al líder del Centro Democrático se le han vulnerado todos sus derechos procesales dentro de la investigación por supuesto soborno de testigos.

En su intervención, el abogado defensor sostuvo que la Sala Penal la Corte Suprema de Justicia le impidió a Uribe el acceso a varias pruebas documentales y testimoniales para defenderse ante las acusaciones. "Si eso no constituye una violación al debido proceso entonces, no sé, francamente, qué es violar el debido proceso. Cuatro décadas dedicado a estudiar el sistema penal perdidos", dijo Granados.

De igual forma, dijo que a pesar de que Uribe le preguntó a la Corte Suprema si existía una investigación preliminar en su contra y como no obtuvo respuesta, radicó un derecho de petición ante la Secretaria de la Sala Penal, para que le confirmaran dicho proceso.

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Sin embargo, el alto tribunal dejó vencer el plazo y luego le anunció al exmandatario que había sido vinculado a un proceso investigativo e iba a ser citado a indagatoria para que pudiera presentar sus argumentos.

"No solamente la Corte que estaba obligada a informarle oficiosamente a informarle la existencia de una investigación en su contra, sino que además se le oculta", añadió el abogado.

Y añadió: "(La Corte) desarrolló en cinco meses una actividad intensa, en tiempo récord, probatoria a espaldas de Uribe Vélez y su defensa de manera deliberada".

Por otro lado, aseveró que desde el inicio de la investigación se presentaron varias irregularidades y se desconocieron los derechos de Uribe: "Se le ocultó deliberadamente una investigación en su contra pese a intentar ejercer proactivamente una defensa todo dirigido a aplicarle las máximas del modelo estalinista del modelo penal del enemigo".

Es por todo esto que par Granados, no hay mérito para acusar a Uribe, por lo que se debe avalar la solicitud de la Fiscalía para archivar este caso de fraude procesal y soborno.

Mientras tanto, se espera que el próximo 16 de marzo sea la intervención del exmandatario Uribe, con la cual se pondrá fin a la intervención de los sujetos procesales. Con esto, una jueza definirá si acepta o no la petición presentada por el fiscal Javier Cárdenas.