Como se había prevenido, el magistrado Altus Baquero solicitó oficialmente la rotación del expediente sobre la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, en la que se pide formular cargos al hoy Mandatario y su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, retrasando la decisión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE.
Aunque hoy se debía votar la ponencia que pide abrir investigación a la campaña del entonces candidato presidencial por haber violado los topes de financiación en más de 5 mil millones de pesos, con la solicitud la votación de los cargos se aplazó nuevamente por dos semanas.
“Lo que se hizo hoy en el orden del día del caso Petro fue solicitar la rotación del expediente, una rotación racional, solo hasta el día lunes, de manera tal que el día martes 8 de octubre se estará definiendo el caso a las 9 de la mañana en la siguiente sala plena”, dijo Baquero a medios de comunicación.
Indicó que se va a “analizar un expediente muy voluminoso, tiene cerca de 182 pruebas, más de 9000 folios, de forma tal que los magistrados debemos ser muy acuciosos para ver las pruebas, que sean conducentes pertinentes y útiles y que demuestren realmente los hechos que se pretenden probar”.
La solicitud de rotación del expediente se da una semana después de que el magistrado Baquero se reincorporara al tribunal, luego del fallo de la Corte Constitucional que reversó la decisión que había tomado el Consejo de Estado de anular su elección como magistrado porque supuestamente no alcanzaba a tener los 15 años de experiencia que requiere ese cargo.
Este intento por dilatar el proceso que involucra al Mandatario, se suma a otras solicitudes que había intentado hacer el petrismo, por ejemplo, la magustrada Alba Lucía Velásquez, cercana a Gustavo Petro había pedido la rotación del expediente porque estuvo incapacitada hace unos días y fue por esa razón que la fecha para que la entrara a estudiar el tema se había pasado para este lunes 30 de septiembre.
Además, en la última sala plena también se negó la petición de nulidad que instauró contra la corporación el abogado del Jefe de Estado, Héctor Carvajal, quien en su alegato señaló que el CNE adoptó de forma incorrecta las decisiones que pueden llevar a una sanción al Presidente de la República, argumentando en que no se trata de una pérdida de investidura o del cargo del primer mandatario, lo que resulta, en su criterio, una errada interpretación de la ley.